El Congreso ha incorporado este jueves al proyecto de ley de Representatividad Agraria las ocho enmiendas presentadas por el Grupo Popular, que entre otras cosas establecen que deberá haber al menos una mesa en cada isla para las elecciones agrarias, que tendrán que celebrarse como máximo en año y medio desde la aprobación de la norma, es decir, hacia otoño de 2015.
Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que la ponencia constituida para tratar este proyecto de ley ha aceptado únicamente las enmiendas de los 'populares', que no obstante han avanzado que presentarán propuestas de textos transaccionales a algunas de las iniciativas de la oposición.
Sin embargo, no es probable que esos ofrecimientos de acuerdo hagan referencia a los aspectos más sustanciales del proyecto que rechazan los grupos de la oposición, sobre todo en lo relativo a que se trate de unas verdaderas elecciones reguladas por la Ley Electoral en lugar de una mera consulta, o precisiones en relación con el número de mesas o la elaboración del censo electoral.
En todo caso, los grupos parlamentarios conocerán las propuestas de transaccional que haga el PP el próximo lunes como máximo, ya que el martes 8 de abril está convocada la Comisión parlamentaria de Agricultura, que al tener competencia legislativa plena en esta materia enviará la norma directamente al Senado tras su aprobación, sin que deba pasar de nuevo por el Pleno de la Cámara Baja.
ENMIENDAS DEL PP
Así, lo único que de momento ha sido incluido directamente en el proyecto de ley son las ocho enmiendas al articulado del partido que da sustento al Gobierno. Con ellas se garantiza que haya al menos una mesa electoral en cada isla española, aunque no se reducirá el número de votantes por mesa (1.400 según el proyecto de ley) como pide la oposición. Lo que sí se ampliará será el número de vocales por mesa, que pasarán de cinco a seis, con tres suplentes en lugar de dos.
Además, se pone plazo para las primeras elecciones para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias a nivel nacional, ya que deberán convocarse como máximo año y medio después de la aprobación por las Cortes del proyecto de ley, lo que a juicio del PP es un "plazo razonable" para asegurar la "aplicación efectiva" del nuevo marco legislativo.
También se da un plazo máximo de dos meses a partir de la consulta para que tomen posesión del cargo los consejeros del nuevo Consejo Agrario que se crea con la ley, y se añade un nuevo capítulo para regular las infracciones y sanciones en el proceso de elección, que irán de 150 a 6.000 euros en función del ilícito cometido.
En cuanto a las precisiones técnicas, se puntualiza que los electores que opten por el voto por correo deberán formalizar la solicitud en Correos personalmente, se señala que en el censo deberá figurar el domicilio de empadronamiento de los votantes (y no el domicilio habitual), o que quien ejercerá el derecho a voto de las personas jurídicas "civiles o mercantiles" será el "representante legal" de las mismas, y no su "mandatario" como figuraba en el proyecto de ley.
Finalmente, se aprovecha este texto legislativo para retocar la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en verano del año pasado, con la intención de "salvaguardar" la "seguridad jurídica" en relación con la regulación específica del sector lácteo. Y es que la citada norma había "motivado interpretaciones discrepantes en cuanto al alcance de la derogación tácita" del decreto de setiembre de 2012 por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y se establecen sus condiciones de contratación.