Los procuradores han advertido en un comunicado de que la futura norma empeorará "considerablemente" el funcionamiento de la Administración de Justicia "retrocediendo hasta situaciones de hace más de 30 años". Para el presidente del CGPE, Juan Carlos Estévez, el anteproyecto se atiene "únicamente" a criterios económicos que no valorado los "verdaderos" problemas de los profesionales y del sector.
"El CGPE entiende, igualmente, que las supuestas exigencias demandadas por la Unión Europea para la promulgación de este texto, no han sido ni justificadas, ni debatidas por el Ministerio de Economía con los profesionales del sector en ningún momento, a pesar las reiteradas demandas para ello y dada la complejidad e impacto social del anteproyecto", ha señalado.
Los procuradores han destacado los "continuos" esfuerzos del Ministerio de Justicia por intentar aclarar esta situación y han hecho un llamamiento al Ejecutivo para que comience "de verdad" un diálogo con todos los colectivos afectados que permita evitar situaciones conflictivas de futuro.