Así se recoge en las propuestas de resolución que los socialistas han presentado al 'Informe de fiscalización de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones durante el ejercicio 2007' del Tribunal de Cuentas, que serán debatidas en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) este lunes.
En dicho informe, fechado en 2012, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, advertía de que la CMT no comprobaba los ingresos brutos declarados por las teleoperadoras objeto de su supervisión, que eran las cantidades en función de las cuales se calculaba la tasa general que debían pagar, y tampoco emitía liquidación en régimen de estimación indirecta cuando las empresas no presentaban su declaración.
Cuando las empresas no presentaban su declaración por esta tasa, la CMT tampoco giraba liquidaciones con estimaciones indirectas, y carecía además de una contabilidad analítica, de modo que durante los últimos ejercicios en funcionamiento ingresaba por la tasa general de operadores mucho más de lo que gastaba en su funcionamiento, incumpliendo así el principio de equivalencia y sin proceder a una reducción de la tasa hasta 2011.
MEJORAR LA GESTIÓN DE TASAS
En estas circunstancias, el principal partido de la oposición quiere que las Cortes recomienden a la CNMC que publique un informe anual de los gastos administrativos que justifiquen la imposición de tasas y el importe total de la recaudación conseguida de cada operador.
Además, le instan a mejorar el procedimiento de gestión recaudatoria mediante una única liquidación por todas las actividades de cada ejercicio.
El superregulador debería, asimismo, a juicio del PSOE, implantar un "adecuado sistema de control sobre las deudas tributarias en vía de apremio" y acordar medidas con la Agencia Tributaria (AEAT) para que informe de los resultados de la gestión en periodo ejecutivo.
Finalmente, los socialistas piden cambios en la estructura del registro de operadores para eliminar la diferenciación de los antiguos títulos habilitantes, desaparecidos desde el cambio normativo aprobado en 2003.
El PP, por su parte, se limita en sus propuestas de resolución a asumir el contenido, conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del Tribunal de Cuentas.