La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados celebrará mañana la reunión de la Ponencia del proyecto de Ley de modernización del sistema de la Seguridad Social, ocasión que el PSOE quiere aprovechar para incluir gran parte de sus enmiendas, y en particular la que obliga a las empresas con beneficios que realicen los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) a compensar al Estado por el coste de sus prejubilaciones.
Y es que la reunión de la Ponencia tiene como objeto despejar el debate de las 402 enmiendas presentadas al proyecto de Ley, incorporando aquellas que susciten mayor respaldo, lo cual beneficia al grupo mayoritario de la Cámara Baja, que es el PSOE, que busca el apoyo de los grupos a esta propuesta que ya no se votaría en el debate en Comisión previsto para la próxima semana.
El Gobierno aprovechó la reforma de las pensiones para corregir su propuesta inicial sobre los EREs, precisando que esta nueva disposición se aplicaría desde el pasado 27 de abril, ya que considera "prioritaria" esta modificación legal.
De esta forma, se garantiza que la modificación afectará al caso de Telefónica, pese a que la compañía que preside César Alierta se ha comprometido a asumir los costes del proceso que quiere aplicar a 6.500 empleados de su plantilla en España durante un periodo de 5 años.
Al tratarse de una enmienda que no guarda relación con el resto de la reforma de las pensiones, el equipo socialista que lidera el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera, confía en sacarla adelante en el trámite de este martes. Así, recuerdan que el resto de grupos se mostró proclives a valorar la modificación desde que la anunció, hace más de dos meses, por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
PREJUBILACIONES ANTES DEL 25 DE MARZO
Otra enmienda que seguramente la Ponencia incorporará al proyecto es la que excluye de los efectos de la reforma de las pensiones a todos los prejubilados en el marco de convenios colectivos o acuerdos colectivos de empresas de cualquier ámbito aprobados o suscritos "con anterioridad al 25 de marzo de 2011", y con independencia de que el acceso efectivo a la jubilación sea anterior.
Así, se extenderá a estas personas lo que el proyecto ya contempla para las personas "con relación laboral suspendida o extinguida" como consecuencia de decisiones adoptadas en EREs, con independencia de que el fin de la relación laboral se haga efectivo con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013.
EL PSOE QUIERE ACELERAR EL TRAMITE
En cualquier caso, de no alcanzar consenso suficiente, la aprobación de estas enmiendas se retrasaría hasta el debate en Comisión el próximo lunes, 27 de junio. Además, si finalmente PP e IU logran su propósito de llevar la votación a Pleno, el trámite en la Cámara Baja podría retrasarse todavía más, hasta el Pleno extraordinario previsto para la segunda semana de julio.
En cualquier caso, los socialistas quieren rematar cuanto antes esta reforma para poder empezar a ocuparse de otros proyectos que tienen sobre la mesa, principalmente la reforma de la negociación colectiva que acaba de entrar en la Cámara y cuyo primer debate se celebrará el próximo miércoles.
Fuentes socialistas consultadas por Europa Press, estiman que la norma podría discutirse en el Senado en julio e incluso volver a la Cámara Baja para su aprobación definitiva en ese mismo mes.
Por otro lado, el Grupo Socialista confía en el apoyo de CiU para derrotar el frente abierto por PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG, Nafarroa Bai y UPyD en el Congreso para retirar del proyecto de ley el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años.
LOS 67 AÑOS, INTOCABLES
Fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que el PSOE no contempla de ninguna manera revisar esta cuestión, ni tampoco las relativas al aumento del periodo de cálculo de 15 a 25 años y el requisito de una carrera de cotización de 37 años --frente a los 35 años actuales-- para cobrar la pensión máxima.
En este sentido, insiste en que estos aspectos vienen avalados tanto por el informe de la Comisión del Pacto de Toledo como por el acuerdo suscrito por el Gobierno con los agentes sociales el pasado 2 de febrero, de forma que suponen las "líneas rojas" en la negociación de las 402 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley.