El PSOE ha criticado el descontrol de las mutuas laborales por parte de la Seguridad Social tras la denuncia del Tribunal de Cuentas de que éstas priorizaron la contratación de medios privados en lugar de servicios públicos para la asistencia sanitaria y recuperación, algo que Podemos cree que constituyó un desvío de fondos hacia la sanidad privada.
"Es un clarísimo desvío de fondos públicos para sostener la sanidad privada", ha sostenido la senadora de Unidos Podemos María Concepción Palencia, tras la exposición del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, sobre este informe de fiscalización en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la Cámara Baja.
Palencia ha criticado que "es sorprendente que se mire con lupa las prestaciones a personas desempleadas y que no se hayan fiscalizado lo más mínimo 300 millones", llegándose a preguntar si se ha permitido a las mutuas "incumplir la legalidad vigente". Asimismo, ha destacado que el propio informe ponía en duda que los pagos de algunas mutuas pudieran corresponder a los servicios prestados.
Ana María Botella, del PSOE, ha señalado el "asombro por el número de ineficiencias" de la Seguridad Social, recordando que la mutua es una entidad sin ánimo de lucro, colaboradora, y que los excedentes que se originan de su actividad deberían de devolverse al Fondo de Reserva.
En este sentido, ha dicho que es "imprescindible tomar medidas relevantes" ante este "suspenso directo" y "varapalo" a la gestión de la Seguridad Social. De los 25 expedientes remitidos a las mutuas, ha dicho, únicamente tres fueron autorizados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con un período medio de resolución superior a un año.
NO HUBO PETICIÓN DE RESPONSABILIDADES, RECUERDA EL TRIBUNAL
Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas ha reseñado las "carencias estructurales de personal" en la Seguridad Social que, a su juicio, "afectan a los resultados de su gestión". Por ello, ha destacado que dentro de sus recomendaciones incluyó que se atendiera tal circunstancia con el fin de que la Seguridad Social pudiera desarrollar una "labor efectiva de control de las mutuas".
En este sentido, Álvarez de Miranda, ha destacado que la ausencia de depuración de responsabilidad le llevan a considerar que no hubo una "actuación dolosa" por parte de la administración pública, a pesar de las "irregularidades muy notorias" que se desprenden del citado informe.
"A pesar de que informe contiene irregularidades muy notorias, no creo que se pueda deducir del informe que haya existido una actuación dolosa de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a favor de las mutuas", ha dicho el presidente del Tribunal.
"Entre otras razones, porque no han existido peticiones de responsabilidad distinta de la de alcance por parte de aquellos que tendrían la posibilidad de señalar ese tipo de responsabilidades", ha concluido.