Según la iniciativa, que recoge Europa Press, las condiciones económicas que el grupo público alegaba en 2013 para justificar el despido colectivo no se dan en la actualidad, ya que las pérdidas reales son apenas la mitad de las que se preveían entonces e incluso 2015 podría haberse cerrado en positivo.
Por eso, y dado que tanto Tragsa como Tragsatec planean con ejecutar la totalidad de los despidos antes de que acabe este mes, los socialistas instan al Ejecutivo a "manifestar que la ejecución del procedimiento de despido colectivo en el grupo es profundamente perjudicial" tanto para el empleo como para la capacidad del Estado de ejecutar ciertos compromisos de obras y servicios.
DISPOSICIÓN NEGOCIADORA
Además, reclaman que se impida la ejecución del ERE del grupo, de propiedad 100% pública, y exigen que la dirección convoque una mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores para poder acordar un nuevo plan empresarial en el que se "incremente la capacidad de producción y empleo" de las compañías.
Los socialistas critican asimismo que, frente a la "voluntad negociadora demostrada" por los trabajadores, la estructura directiva no haya mostrado siquiera una disposición a sumarse al "esfuerzo" que necesitaba el grupo y que durante estos años haya seguido cobrando "cifras astronómicas" en concepto de primas por objetivos.