Así lo han manifestado este jueves durante el debate en el Pleno del Congreso de las enmiendas que el Senado ha introducido a este proyecto de ley, que durante su primera fase de tramitación parlamentaria contó con el respaldo de PP, UPyD, PNV y UPN, y la abstención de CiU.
NO SE REVISARÁN LAS INMATRICULACIONES
El diputado socialista Víctor Morlán ha valorado la eliminación de la 'vacatio legis' de un año para poner fin a las inmatriculaciones para la Iglesia aunque ha reprochado al PP que no haya aceptado una revisión de los registros realizados desde 1998 para asegurarse de que la Iglesia sólo se ha inmatriculado bienes que "está perfectamente documentado que son suyos" y "rectificar" así otras propiedades, que deberían volver al dominio público.
"Pero el PP lo ha rechazado y el Gobierno dice que eso no depende del Ministerio de Justicia y que no puede obtener el listado de bienes inmatriculados. Eso nos causa mucha sorpresa y un poco de decepción, porque parece que tienen ganas de ocultar algo que al final se sabrá. Hubiera sido oportuno partir de esos datos reales para poner las cosas en su sitio", considera.
Morlán también ha señalado que "el conjunto de la ley sigue pecando de los mismos defectos, anomalías y disconformidades" que llevaron al PSOE a rechazar el texto en su primera fase de tramitación, sobre todo en temas como el "desequilibrio a favor del Registro" que introduce a la hora de reconocer derechos de propiedad.
SE CONSOLIDA EL "EXPOLIO"
Por su parte, el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha lamentado que "acabe mal lo que comenzó muy mal" con una ley que formalmente "pretende mejorar la coordinación entre Registro y Catastro" pero cuyo "objetivo oculto" es "propiciar que los registradores ocupen funciones que no realizaban hasta ahora" para compensar la pérdida de recursos por la crisis del ladrillo y amnistiar el mayor pelotazo inmobiliario de la historia del país". "Es buena prueba de la capacidad de los lobbies de determinar la actuación del Congreso", ha añadido.
Sabino Cuadra, de Amaiur, ha criticado que el "rodillo antidemocrático" del PP permita con esta ley el "mayor expolio de propiedad pública de las últimas décadas", permitiendo que la Iglesia "remate la faena" de los "privilegios" que consiguió "en la negra noche franquista" al "legalizar" la inmatriculación "masiva" de bienes, entre los que destaca patrimonio como la Mezquita de Córdoba.
HA HABIDO MEJORAS
Por contra, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha reconocido que las enmiendas introducidas en el Senado "mejoran algunos aspectos pendientes" del proyecto. Mientras que Jordi Jané, de CiU, ha valorado que se avance en la "simplificación administrativa y seguridad jurídica" en el tratamiento del Registro cuando sus datos no coinciden con el Catastro.
Sin embargo, el nacionalista catalán critica algunos aspectos de esta "importante" norma, como la regulación sobre las notarías autorizadas para ciertas funciones, porque "va en contra de las pequeñas notarías" y perjudica a la cohesión del país.
REFORMA TÉCNICA
Finalmente, el presidente de la Comisión de Industria, el 'popular' Pablo Matos, ha asegurado que la reforma es "exclusivamente técnica y ajena a cualquier motivación ideológica o política" y ha acusado a los partidos de izquierda de utilizar "desde el minuto uno sus mantras de siempre, fabricados y falsos como siempre".
El primero, sobre la Iglesia Católica, que ha rechazado recordando que "es este proyecto de ley y no ninguno anterior el que acaba con sus privilegios a la hora de inscribir bienes en el Registro de la Propiedad". "Durante ocho años gobernó el PSOE y en ningún momento se modificó la legislación procedente de los años 40", ha recordado, negando además que haya un indulto a un pelotazo inmobiliario y recordando que cualquier administración pública puede denunciar una inmatriculación que considere irregular.
Y el segundo mantra es la privatización, que a juicio de Matos "roza el ridículo" ya que el proyecto "sólo permite la resolución de expedientes por parte de notarios o registradores cuando todas las partes están de acuerdo", dejando en manos de los Juzgados de primera instancia la resolución de cualquier caso con conflicto.
"Este proyecto persigue únicamente la coordinación del Registro y el Catastro, dar mayor seguridad y fiabilidad jurídica a los datos, llevar a cabo una simplificación administrativa, agilizar los procesos para alcanzar la concordancia entre el Registro y la realidad, y desjudicializando expedientes", ha resumido el diputado canario.