El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha introducido la dación en pago en las viviendas públicas de venta promovidas por la empresa municipal Promusa, lo que permite que los propietarios en riesgo de desahucio vendan el inmueble a un nuevo adjudicatario.
El concejal de Servicios Sociales y Vivienda, Raül Grangé, ha explicado que la Generalitat les ha otorgado el derecho de tanteo y retracto para los pisos públicos de venta, con lo que los propietarios que no puedan pagar la hipoteca podrán liquidarla a través de la venta de la vivienda a precio protegido actualizado.
Aunque la medida no se puede aplicar ni a vivienda privada ni a alquiler público, el consistorio también ha introducido medidas para ayudar a las familias con dificultades en el pago a través de ayudas gestionadas por los servicios sociales municipales.
Durante este año, el Ayuntamiento ha concedido 226 ayudas sociales relacionadas con la vivienda para evitar que 66 familias perdiesen su casa, una cifra superior a las ayudas concedidas el año anterior que se elevan a 191.
Se trata de subvenciones por gastos de vivienda, alojamiento alternativo o para el pago de suministros y ascienden a un importe de 58.000 euros en lo que va de año.
Grangé ha asegurado que "Sant Cugat sufre la crisis" pero no de la misma manera que otros municipios, ya que tiene una tasa inferior de paro, aunque ha afirmado que las medidas pretenden evitar los desahucios forzosos y dejar a los ciudadanos desprotegidos.
Por ello, el concejal también ha reclamado que el servicio Ofideute de la Generalitat se descentralice a los municipios para poder atender mejor las demandas ciudadanas y mediar en casos de riesgo de desahucio.
Desde 2007, en el municipio se han ejecutado tres desahucios de adjudicatarios de Promusa, pero el consistorio desconoce el alcance en casos de vivienda privada a pesar de haber solicitado las cifras.