Desde CSI-F se ha insistido en que la OEP, aunque es "significativamente mejor" que la de 2013, no es suficiente habida cuenta de que el año pasado se produjeron 7.148 bajas en la Administración.
CSI-F ha denunciado que año tras año el sector tiene una importante destrucción de empleo debido a la elevada edad media de sus trabajadores, lo que sitúa a la Administración General del Estado en una situación "crítica" que imposibilita la correcta prestación del servicio.
El sindicato de Miguel Borra ha celebrado que el Gobierno haya sacado del cómputo de la OEP las plazas de promoción interna, lo que ha posibilitado que éstas hayan aumentado de manera "muy significativa" este año.
Por su parte, CC.OO. y UGT han denunciado que el Gobierno "ha vuelto a causar un ataque frontal al derecho de negociación colectiva" al presentar una oferta de empleo "cerrada", sin que haya habido una consulta previa con los representantes de los trabajadores.
Ambos sindicatos se quejan de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha hecho un uso "electoralista" de la OEP, pues quiere hacer creer a los españoles que se hace un esfuerzo por crear empleo público cuando en realidad se sigue destruyendo.
Además, CC.OO. y UGT lamentan que el Gobierno fije como prioridad la Agencia Tributaria y el personal funcionario de Administración Local de habilitación de carácter nacional y se olvide de la "impostergable necesidad" de incluir, como mínimo, a organismos como el Fogasa, el Imserso, los organismos públicos de investigación, e instituciones penitenciarias.