Así lo han señalado los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, que han denunciado el recorte del derecho fundamental de huelga en España, en base a la utilización del artículo 315.3 del Código Penal.
A su juicio, se trata de "un artículo preconstitucional, que no se utilizaba desde hacía 35 años, salvo excepciones, y que es rescatado coincidiendo con la puesta en marcha de la política de recortes laborales y sociales llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, desde 2012".
Desde entonces, aseguran que se ha iniciado una "guerra sin cuartel" contra los piquetes informativos y cerca de 300 trabajadores, "representantes legales, afiliados a los sindicatos, simpatizantes y personas comprometidas están siendo procesados por haber ejercido su derecho fundamental a la huelga".
Además, en base a este denostado artículo, el 315.2 del Código Penal, se les imponen sanciones "desproporcionadas, injustas y ejemplarizantes", denuncian.
Por ello, exigen la retirada de este artículo que "atenta contra el derecho fundamental de huelga y la propia libertad sindical", y afirman seguir recabando apoyos "en contra de esta política de represión para obstaculizar la legítima protesta de los trabajadores y sus representantes, las organizaciones sindicales".
En esta línea, critican que, aunque el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se comprometió a derogar el 315.3 aprovechando la reforma del Código Penal e incluso a tramitar los indultos para los sindicalistas procesados, el Gobierno del PP, ahora en funciones, "sigue sin actuar".
Los sindicatos han denunciado ya esta situación ante distintos organismos nacionales e internacionales y en distintos foros, con movilizaciones y concentraciones en la calle, en jornadas específicas con juristas, así como en reuniones con todos los portavoces parlamentarios de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
"CAMPAÑA ORQUESTADA POR EL GOBIERNO"
La "nota común", añaden es que desde la Fiscalía "se observa una acción coordinada con instrucciones precisas, acompañada de un proceso involutivo que se traduce en la criminalización del sindicalismos y en una durísima ofensiva penal contra el derecho de huelga".
UGT y CC.OO. ya remitieron cartas al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado y se debatió en una cumbre del propio Consejo Europeo Social. Asimismo, denunciaron este asunto ante la OIT, por vulneración de la convención que garantía la libertad sindical y el derecho a la huelga y ante el Comité de Derecho Humanos del Consejo de Europa, garante de los derechos sociales.
Para Álvarez, la condena de los llamados "cinco sindicalistas de ArcelorMittal' forma parte de "una campaña orquestada por el Gobierno del Partido Popular, a través de la Fiscalía General del Estado y mediante medidas legislativas, contra las libertades ciudadanas, así como un ataque continuo y sistemático a todo el movimiento sindical.