La mayoría del espacio agrícola que ha pasado al control del Estado en los últimos años corresponde a reservas ecológicas, pero de las tierras aprovechables, "latifundios que hemos recuperado, podemos publicar la lista, y no sólo eso, sino invitar a quien sea (...) para que vea las condiciones de producción" inmejorables que se han alcanzado, dijo en declaraciones a la emisora estatal VTV.
En octubre de 2007 el mismo funcionario dio cuenta de que el Estado se había hecho de 2,0 millones de hectáreas "recuperadas" hasta entonces en la lucha gubernamental contra el latifundio y el abandono de propiedades rurales privadas.
"Falta por recuperar cuatro millones", anunció entonces Jaua al recordar que el Censo Agrícola de 1997 contabilizó seis millones de hectáreas bajo régimen de latifundio en todo el país.
El ministro añadió hoy a VTV que en el mediano plazo se deben recuperar "unas 20.000 hectáreas", pero precisó que se hará de manera progresiva.
Los próximos "rescates" se producirán en los estados de Amazonas (sur) y de Barinas (suroeste), adelantó.
El ministro remarcó que en Venezuela "los buenos suelos son escasos y no es cierto que sean los mejores del mundo".
Los clasificados como de mejor productividad, añadió, "no alcanzan ni el cinco por ciento de las hectáreas cultivables".
Por ello, justificó, se deben preservar. "Estamos obligados por la Constitución" a que cumplan su "función social" y estén dedicados principalmente a la producción de alimentos, precisó.
En ese sentido, sostuvo: "Vamos a entrar en conversaciones con propietarios" privados para nuevas negociaciones de compraventa, así como para que cultivos que no requieren de las mejores tierras, tales como la caña de azúcar, sean reubicados en otras zonas.
"En este momento estamos actuando sobre las tierras evidentemente ociosas" o destinadas, "por la agresión inmobiliaria del sector privado", a clubes y otras actividades de esparcimiento, añadió.
"Ayer aterricé en una cancha de polo", añadió al explicar "la toma" de unas 3.500 hectáreas "infrautilizadas" en una hacienda del estado de Aragua, en el centro del país, donde dijo que próximamente los campesinos de la zona cultivarán cereales y hortalizas.
El presidente de la Federación de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Gustavo Moreno, ha confirmado que mayoritariamente la acción gubernamental ha sido fruto de negociaciones previas y que los propietarios de latifundios o de tierras abandonadas recibieron las respectivas compensaciones financieras.
No obstante, se han registrado algunos "rescates" de haciendas productivas, cuyos propietarios "se ven amenazados por este tipo de intervención estatal", alertó recientemente.
El pasado 23 de marzo el gubernamental Instituto Nacional de Tierras (Inti), dependencia del despacho de Jaua, informó de que sus funcionarios "abordaron" una hacienda de 4.000 hectáreas en el estado Barinas, que fue cedido por sus dueños.
"Los presuntos propietarios de este predio se mostraron interesados en ceder estas tierras a los pequeños productores de Barinas, en aras de que las aprovechen al máximo", dijo ese día Jesús Tinedo, delegado regional del Inti.
A inicios de ese mismo mes, el Inti intervino en el mismo estado de Barinas otra propiedad de 2.800 hectáreas, pero sus dueños impugnaron la medida por considerar que su hacienda ni es un latifundio ni se encuentra ociosa.