En el recurso desestimado por la Justicia comunitaria, España impugnó una "corrección financiera" que impuso la Comisión Europea (CE) en 2006, por la que se redujeron un dos por ciento las subvenciones a los plataneros en los ejercicios citados, lo que suponía una devolución de más de cinco millones de euros.
Bruselas decidió esa sanción por considerar que había deficiencias en los controles necesarios para comprobar que los gastos del Feoga (Fondo europeo de garantía agrícola, del que proceden las ayudas) se gestionaban correctamente.
Según la CE, las autoridades españolas no verificaron bien si los plátanos declarados para recibir las ayudas eran comercializados finalmente o si cumplían las normas comunes de calidad.
El Tribunal de Primera Instancia ha considerado hoy, en su sentencia, que la Comisión había actuado correctamente porque concluyó que se habían violado las reglas comunitarias.
Los jueces comunitarios han dictaminado que España no negó que las Administraciones competentes habían descubierto anomalías en los sistemas de control de determinados productores de plátanos "calificadas de fraudes" según la legislación nacional y añade que no se retiraron las exenciones correspondientes.
Asimismo, el Tribunal afirma que los países están obligados a comprobar periódicamente la cantidad de plátanos comercializados por los agentes económicos, "así como el cumplimiento de las garantías ofrecidas por ellos y que permitan asegurar una calidad conforme" de la fruta que vendan.
Además, el Tribunal apunta que España no niega la veracidad de las constataciones de los servicios de la CE en sus controles.
En su sentencia, el Tribunal concluye que como no se cumple uno de los requisitos exigidos para admitir la concesión de las ayudas a los plataneros, la sanción estuvo justificada y la reducción del 2% de las ayudas "no es desproporcionada", al contrario de lo que argumentó España en su recurso.