Quinn, de 64 años, quien llegó a amasar una fortuna de más de 4.500 millones de euros que le valió en 2008 el título oficioso de hombre más rico de Irlanda, se declaró el año pasado en Belfast en suspensión de pagos, aprovechando la mayor laxitud de la legislación de Irlanda del Norte en cuestión de bancarrotas.
Entonces, Quinn aseguró que sus actividades se desarrollaban a través de una oficina en el condado de Fermanagh, en Irlanda del Norte, mientras que el banco IBRC argumentaba que el centro operativo de los negocios del empresario se encontraba en la República de Irlanda.
Sin embargo, el juez Deeney ha fallado este martes en favor de la entidad y anulado la declaración de bancarrota, al considerar que el alquiler de una oficina en el condado de Fermanagh sólo era una treta para reforzar la postura del empresario, cuando el centro de sus intereses antes de la suspensión de pagos se localizaba en la República de Irlanda, con oficinas en Belturbet y Dublín.