En un comunicado, el sindicato denuncia que el contenido de esta reforma no ha sido negociado con los sindicatos, obedece a una motivación "puramente ideológica" y ha sido elaborado a "espaldas" de los empleados públicos y los ciudadanos.
El sindicato teme que este "adelgazamiento" de la Administración suponga una apuesta por la externalización de servicios, y que las administraciones terminen reduciendo su tamaño, para estar formadas por un pequeño núcleo de funcionarios y directivos (con su estatuto propio), perdiendo gran parte del personal laboral.
Esto afectaría, según el sindicato, al servicio público, ya que obligaría a que su prestación pasase al sector privado, que podría tener nuevas oportunidades de negocio "a costa del interés ciudadano". Para UGT, la reforma, además de una mejora de la gestión económica, debe contener propuestas para una mayor eficiencia social y, por ello, reclama al Gobierno un gran pacto por el empleo que tenga eficacia también en las administraciones públicas.