En un comunicado, el sindicato, ante el auto del 18 de junio de la jueza Mercedes Alaya, en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, ha apuntado que los sindicatos de clase y UGT son "organizaciones que representan y defienden los intereses de los trabajadores, cuyo sentido y garantía se encuentra recogido en el artículo 7 de la Constitución".
"No son meros intermediarios, ni comisionistas, ni forman parte de una trama defraudadora, sino que cumplen una función constitucional que se hace más patente y necesaria en los conflictos derivados del cierre de empresas o de la aplicación por éstas de despidos colectivos", ha subrayado.
Así, también señala que los sindicatos "no son los que promueven ERE, ni los buscan o facilitan, ni los que cierran las empresas", sino que son los empresarios, es más, según indica, "se cierran en muchos casos a pesar de la acción y de la oposición de los sindicatos". En este sentido, ha explicado que sólo "excepcionalmente" se ha recomendado a los trabajadores que iniciaran un ERE y "siempre en situaciones de abandono de hecho por los empresarios".
El sindicato advierte de que se les pretende atribuir "un papel de meros mediadores", punto que rechazan. "No somos intermediarios, ni comisionistas, ni formamos parte de trama defraudadora alguna, sino que cumplimos una función constitucional que se hace más patente y necesaria en los conflictos derivados del cierre de empresas o en la aplicación por éstas de despidos colectivos, en los que la presencia del sindicato y el asesoramiento a los trabajadores resulta imprescindible", asegura.
UGT ha aseverado que, "en los miles de expedientes en los que interviene en toda España", el objetivo "siempre" es la defensa de los intereses de "todos y cada uno de los trabajadores afectados". Si bien, "en muchos casos y ante la imposibilidad de evitar los despidos, se ha buscado que los afectados fueran personas que pudieran pasar a prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, y siempre negociando las mejores indemnizaciones y prejubilaciones para los trabajadores".
Para esto, explica que UGT presta asesoramiento en materia de acción sindical y de carácter económico, técnico o jurídico, con el análisis de la situación de la empresa, de las causas que ésta alega, de las medidas y acciones a seguir, sindicales o judiciales, y en el caso de las prejubilaciones con los cálculos actuariales necesarios para conocer y garantizar la mejor pensión para los afectados.
"Hay quien piensa que con los actuarios que nombran las empresas ya serían suficientes, como igualmente sería suficiente con las cuentas que presentan los empresarios. Sin embargo, para los trabajadores las propuestas de las empresas no sólo no son suficientes, sino que siempre buscan el interés de la empresa, y en muchos casos incluso los propios datos son erróneos, cuando no simplemente falsos", ha advertido.
Por eso, según afirma UGT, la acción sindical en todas estas áreas y materias, incluido el necesario contraste de los cálculos actuariales de las entidades que contratan las empresas, resultan "imprescindibles y sin ellas, o sin alguna de ellas los trabajadores quedarían, además, indefensos", ha señalado el sindicato, que "no va a renunciar a esa tarea de defensa de los trabajadores en los despidos colectivos".
"SE REQUIEREN RECURSOS"
Para esto, según detalla el sindicato, se "requieren recursos", ya que los gastos de asesoramiento suelen tener "importes elevados" por razón de la especialización de los técnicos necesarios. "UGT los paga con las cuotas de sus afiliados, y para el resto de trabajadores afectados busca que no lo paguen ellos, sino a través de cauces y vías legales, entre otros en los ERE intenta que sean sufragados por las empresas. Esto así ocurre en la gran mayoría de los casos, sobre todo en las empresas medianas y grandes", ha apuntado.
De igual manera, "en la casi totalidad de los expedientes" los costes de las prejubilaciones son soportados íntegramente por las empresas y "sólo en aquellos casos en que no ha sido posible, se ha recurrido a ayudas de la Administración, lo cual ha sido la situación excepcional".
En el caso de las prejubilaciones, según detalla, son las empresas las que difieren estos costes a las aseguradoras y por esa razón son éstas las que en algunos casos pagan directamente a los sindicatos. "Como es lógico, todos los trabajos se encuentran amparados en contratos de seguros, con importes que se encuentran en la parte más baja de los costes del mercado, sin que su importe pueda entenderse bajo ningún concepto como un sobrecoste o sobrecomisión", ha advertido.
Igualmente, son las empresas las que asumen como tomadoras las pólizas de las prejubilaciones y "sólo en casos muy excepcionales", en que no hay empresa o ésta tiene voluntad clara de no actuar, "se han constituido asociaciones para poder dar cobertura a esas pólizas en representación de los trabajadores afectados".
En el caso específico de la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, en las que cerca de mil trabajadores que sufrieron el cierre de las minas en las que trabajaban se vieron beneficiados por los Acuerdos sobre prejubilaciones suscritos por UGT y CCOO con el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, el sindicato señala que aquélla fue ingresando las indemnizaciones que los trabajadores percibían de las empresas o del Fogasa, entregando esas cantidades a la medidora para el plan de prejubilaciones, conforme a los acuerdos suscritos.
"MEZCLARLOS CON CONSEGUIDORES"
El sindicato también ha querido aclarar que el trabajo sindical en los ERE lo asumen las federaciones estatales en toda España, no sólo en Andalucía, y han sido "siempre facturados legalmente" y "nunca se han tratado de comisiones de intermediarios, conseguidores o medradores" con quienes "malintencionadamente tratan de mezclarnos".
Así, el sindicato entiende que la información que aparece referente a pagos hechos por algunas entidades mediadoras, como la compañía Vitalia, se está refiriendo a las facturaciones de todo el Estado y durante un largo tiempo de facturación y no a los Expedientes de Andalucía.
UGT en septiembre de 2003 trasladó a toda la organización que suspendieran cualquier negociación con la Consultora Vitalia y las aseguradoras relacionadas con Eurobank, intervenido por el Banco de España y en suspensión de pagos. Vitalia solo ha participado en aquellos ERE en los que la empresa o la Administración la imponían. Desde que UGT pasó a formar parte de la correduría de seguros ASP, y más tarde de Atlantis, este trabajo ha sido realizado por estas compañías, o por la compañía ITG.
"NO PERCIBE INGRESOS ILEGALES"
El sindicato ha reiterado que "UGT no ha percibido ingresos ilegales" en su actuación en defensa de los trabajadores en los ERE en los que ha intervenido en toda España y también en Andalucía. "Se trata de facturación legal de servicios, conforme a la legislación de seguros y mercantil".
De esta manera, el sindicato ha advertido del intento de implicar a los sindicatos en tramas fraudulentas que "generan sospechas sobre la actuación sindical, para debilitarla o incluso eliminarla, sospechas que en nada responden a la verdad y, por el contrario, favorecen a los empresarios en su actuación contra los trabajadores".
Por último, ha destacado que "nadie de UGT ha sido llamado a declarar ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, ni ha podido explicar a la Jueza cómo actuamos los sindicatos en los ERE y con qué fundamento histórico, constitucional y legal", por lo que vuelve a manifestar "su clara voluntad de colaborar con la justicia".