González de Frutos ha afirmado que las entidades aseguradoras españolas necesitan que esta ley se apruebe lo antes posible para pedir las autorizaciones que prevé la directiva en temas fundamentales como son los modelos internos, los ajustes por casamiento de inversiones o los fondos propios, elementos que no se podrían usar sin la autorización pertinente a partir del 1 de enero de 2016, fecha en la que entra en vigor Solvencia II.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de esta ley para su tramitación parlamentaria tras recibir el dictamen del Consejo de Estado. Esta normativa pretende velar por la transparencia del mercado de seguros y por la solvencia de las entidades, garantizando que tengan capital suficiente incluso en un hipotético escenario de estrés.