UPyD ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley que con la que reclama que los consejeros de las sociedades mercantiles que perjudiquen el crédito o la reputación de su empresa por estar, por ejemplo, inmersos en una causa penal, estén obligados a dimitir, y que el actual régimen de honorabilidad de los altos cargos financieros se aplique también a los asesores internacionales de entidades bancarias y a los consejeros de multinacionales españolas de cualquier sector.
En la iniciativa, que recoge Europa Press, la formación magenta recuerda que el pasado mes de abril el Gobierno aprobó un real decreto para dar cumplimiento a las directrices dictadas por la Autoridad Bancaria Europea en relación con la idoneidad de las personas que dirigen las entidades de crédito, y se dio al Banco de España la "facultad de evaluar la concurrencia de honorabilidad comercial y profesional de los consejeros y de los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave".
Entre otros criterios de valoración, se menciona la trayectoria del cargo en su relación con las autoridades reguladoras y supervisoras , las razones de despidos o ceses anteriores, los resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades, o la existencia de investigaciones "relevantes y fundadas" tanto penales como administrativas en relación con presuntos delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
EL GOBIERNO HA PERMITIDO UN "FRAUDE DE LEY"
Sin embargo, "nada ha cambiado" en España a pesar de ser uno de los países "que más ha sufrido la crisis financiera", a la luz de que "el principal responsable de dicha hecatombe financiera, el señor Rodrigo Rato, actualmente imputado por la Audiencia Nacional, ha sido nombrado por el Banco Santander miembro de su Consejo Asesor Internacional".
En este sentido, UPyD apunta que el Código Unificado de Buen Gobierno del Banco Santander recomienda obligar a sus consejeros a "informar y, en su caso, dimitir en los supuestos que puedan perjudicar el crédito y la reputación de la sociedad y, en particular, les obligan a informar al Consejo de las causas penales en las que aparecen como imputados, así como sus posteriores vicisitudes procesales".
"No vamos a entrar ahora en la inmoralidad de (la contratación) ni en el desprecio que demuestra el órgano de dirección del Banco Santander hacia sus accionistas y hacia el propio Código Unificado de Buen Gobierno. Ahora bien, la decisión supone además un fraude de ley respecto de la vigente normativa, que tanto el Banco de España como el Gobierno han tolerado sin hacer absolutamente nada al respecto", critica la formación magenta.
Y es que para el partido que lidera Rosa Díez es "evidente" que el nombramiento de Rato en la entidad bancaria es "susceptible de causar un grave perjuicio reputacional a la entidad", tanto por los "lamentables resultados" obtenidos al frente de Caja Madrid y Bankia, como por su "imputación criminal".
Ambas circunstancias "deberían haberle impedido ostentar" cualquier un "cargo clave" dentro del Banco Santander que, a juicio de UPyD, está regulado por la normativa comunitaria. Una situación que se ha repetido con Antonio Pulido, expresidente de CajaSol y Banca Cívica, también imputado en Sevilla, y que es directivo de una filial de participadas de CaixaBank.
Por ello, UPyD reclama que se incluya expresamente en la normativa a los asesores internacionales y otros puestos análogos que desarrollen funciones clave en las entidades financieras y sus participadas dentro de los obligados al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad. Además, exige que se adopten medidas para garantizar que se cumplen dichos requisitos de idoneidad previstos en la legislación vigente.
TAMBIÉN ES CONSEJERO DE TELEFÓNICA
Finalmente, UPyD recuerda que Rodrigo Rato también fue nombrado asesor externo de Telefónica para los negocios de América Latina y Europa, reconociendo no obstante que al no tratarse de una empresa financiera este nombramiento "no quedaría en principio afectado por las exigencias de honorabilidad".
"No obstante, no estaría de más que se pensase en un control de esta naturaleza para las grandes multinacionales españolas en general, a fin de proteger el prestigio de nuestras principales empresas y para evitar un daño a eso que tanto preocupa al Gobierno y que llama 'Marca España'", añade la formación magenta.
Por eso, con la iniciativa parlamentaria también reclama que el nuevo Código Mercantil en que trabaja el Ejecutivo incluya previsiones específicas para que los consejeros de cualquier sociedad estén obligados a dimitir si pueden perjudicar el crédito y reputación de su empresa, como por ejemplo si están incursos en una causa penal por delitos económicos y societarios.
Además, plantea que el régimen de honorabilidad exigido a los responsables financieros también se aplique a consejeros o puestos clave de cualquier multinacional española, independientemente de su sector de actividad.