Este jueves, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la dirección de Bankia acordaron un tope de 600 millones de euros para afrontar posibles litigios derivados de la oferta pública de venta (OPV) de 2011, en la que peritos del Banco de España detectaron diversas irregularidades contables, y para indemnizar a los inversores que adquirieron acciones en ese momento.
En concreto el Estado, a través del holding BFA, asumiría unos 372 millones de euros, mientras que los 228 millones restantes serían sufragados por el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, lo que también supone en la práctica capital público puesto que la entidad está nacionalizada.
No obstante, esas cantidades son meras estimaciones, ya que las eventuales reclamaciones no se conocen todavía. En la operación se colocaron unos 3.000 millones de euros entre mayoristas y minoristas, si bien se espera que sólo estos últimos reclamen.
ACCIONISTAS "ESTAFADOS"
En estas circunstancias, la formación magenta cree que De Guindos debería comparecer ante la Comisión parlamentaria de Economía para concretar la cuantía que piensa asumir el Gobierno en las indemnizaciones a quienes comprar acciones de Bankia en una OPV que se realizó "basándose en unas cuentas maquilladas".
Y es que la formación no entiende que el FROB, "que no ha realizado actividad alguna para exigir a BFA-Bankia el resarcimiento de daños, se haya comprometido a asumir un coste de cerca de 600 millones con la habitual opacidad y sin que se sepa si esa decisión está sustentada en algún dato o informe".
A la espera de que eso se produzca, el diputado Toni Cantó aprovechará ya la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que tendrá lugar el próximo miércoles para preguntar al ministro por las medidas que su departamento ha adoptado para "garantizar que los accionistas estafados puedan recuperar su dinero".
ESTAFA "DELIBERADA"
El partido que lidera Rosa Díez también tiene registrada una interpelación sobre este asunto, que previsiblemente se debatirá ya en la sesión plenaria del 18 de febrero, ya que la falta de cupo ha impedido que se pueda incluir en el orden del día de la próxima semana.
Dicha interpelación al titular de Economía se plantea para saber cómo va a garantizar el Ejecutivo que los perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia se vean "resarcidos de forma rápida y efectiva" y cómo se piensan depurar las responsabilidades pertinentes en una operación realizada sobre unos estados financieros "falsos" por parte del entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, con el "conocimiento" de las autoridades económicas y bajo la responsabilidad del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
"Esa manipulación no puede achacarse bajo ningún concepto a circunstancias externas, pues fue parte de una deliberada estrategia de ocultación y falseamiento contable que se remonta a la propia creación del Grupo Bankia", acusa UPyD en su texto, que recoge Europa Press.
Además, critica que el FROB, que representa a los españoles que han costeado el "multimillonario rescate" a la entidad, no se haya personado en el procedimiento judicial como acusación sino "como un mero 'interesado'", no haya pedido "ni una sola diligencia de investigación" en tres años, ni tampoco haya apoyado la exigencia de una fianza suficiente a los imputados para garantizar el resarcimiento de su eventual responsabilidad civil.