En declaraciones a EFE, el socio de Uría Alberto Núñez-Lagos insistió en que la reforma de la Ley Concursal, la que se aplica a los procedimientos de insolvencia, "no va a quitar ni poner concursos".
Aunque recordó que la reforma busca que la banca facilite las refinanciaciones de deuda por las mayores garantías conseguidas para evitar la anulación de estos procesos, Núñez-Lagos auguró que esta medida "no va a tener un impacto muy significativo" en el volumen de insolvencias que se presentarán.
Además, explicó que en el número de concursos de acreedores (antiguas suspensiones de pagos) tendrá un importante impacto la crisis económica.
Tras un año de duras dificultades, "la gente ha agotado sus posibilidades de caja y todo se presenta peor de lo esperado, de forma que los planes de viabilidad acordados no se van a cumplir", señaló Núñez-Lagos.
En este sentido, espera un "aumento notable" en el número de pequeñas y medianas empresas insolventes, porque, "tras las inmobiliarias, son las que tienen una estructura financiera más débil", si bien no descarta nuevos perjudicados entre grandes empresas.
Respecto al impacto de estos procesos en los Juzgados de lo Mercantil, confió en que la reforma de la Ley Concursal, aprobada por el Gobierno el pasado 27 de marzo y que entró en vigor el 1 de abril, libere parte de la carga de trabajo.
Así, al aligerar ciertos trámites (por ejemplo, se elimina la necesidad de vistas para dirimir discrepancias en los importes a pagar que se reconocen a los acreedores), Núñez-Lagos confía en que los Juzgados de lo Mercantil "no llegarán a colapsarse".
El socio de Uría también mostró su esperanza en que la reforma de la Ley Concursal "facilite que algunos concursos que puedan acabar en liquidación acaben finalmente en un convenio" (plan de viabilidad y de pagos).
Según los expertos, hasta ahora tan sólo cerca de un 5% de las empresas que entraban en un concurso de acreedores sobrevivían, en tanto que el 95% restante se liquidaban.