El director general de Política Financeira de la Xunta, Manuel Galdo, ha defendido este miércoles que si el conflicto por las participaciones preferentes continúa sin solución en Novagalicia Banco "no se debe a un problema de liquidez o a la falta de voluntad de los actuales gestores", sino a que la Comisión de la Competencia de la Unión Europea no ha dado la autorización administrativa a las alternativas propuestas.
En respuesta a una pregunta planteada en la Comisión 3ª de Economía, Hacienda e Presupuestos por el diputado del BNG Henrique Viéitez, Galdo ha indicado que Novagalicia tiene "liquidez suficiente" para devolver este dinero y también el interés por resolver este problema, que "erosiona su imagen". A este respecto, ha relatado, se presentaron varias alternativas, pero no se dio vía libre a una amortización por el importe nominal (el que figuraba en los instrumentos en el momento en que se suscribieron) porque Novagalicia "necesita la autorización" de Competencia de la UE.
El "lugar decisional" ahora "no es otro que la Comisión de Competencia", ha incidido el director general. Además, ha argumentado que esta autorización es resultado de los compromisos adquiridos por el anterior gobierno en las normas para el FROB II, en las que se establece que en el caso de instrumentos de capital o híbridos (este último es el caso de las preferentes) las operaciones deben consultarse en Bruselas. No obstante, en los instrumentos de otro tipo, como las cédulas hipotecarias, la entidad "es libre" para, por ejemplo, ejecutar recompras.
Precisamente, la recompra de parte de una emisión de cédulas hipotecarias era la cuestión por la que preguntaba el diputado del BNG, que ha censurado que el conflicto de las preferentes no esté resuelto pero "sí hay solución para los inversores cualificados". Viéitez ha advertido de que algunas fuentes elevan a 90.000 gallegos los afectados por preferentes, un producto complejo que se colocó mediante "estafa".
Además, el nacionalista ha censurado el "empeño" de la Xunta en proponer la vía del arbitraje para que los ahorradores recuperen su dinero, pese a que es una alternativa "rechazada" por parte de los mismos.
CÉDULAS HIPOTECARIAS
Respecto a la recompra de cédulas hipotecarias por un valor nominal de 288,1 millones de euros hecha en mayo por parte de NCG Banco, Galdo ha sostenido que se trata de una operación que aporta plusvalías a la entidad, puesto que pagó el 88% del valor nominal, y refuerza sus recursos propios.
Por otra parte, el director general de Política Financiera ha defendido que los responsables del Gobierno gallego son "los primeros interesados" en "investigar y transparentar" lo que ocurrió en las cajas, pero ha llamado a la "prudencia" y a esperar al momento "oportuno", una vez concluida la recapitalización de Novagalicia.
Así, Galdo ha esgrimido que en otros países se han acometido ya investigaciones, pero una vez se "estabilizó la situación". En otros estados se comenzaron a tomar medidas de saneamiento del sistema financiero "a principios de 2008", mientras que en España todavía en la actualidad se están aplicando, ha expuesto.
"En España y en Galicia estamos aún en medio de la tormenta", ha señalado y ha insistido en esperar a que pase este "momento decisivo" para no "perjudicar" el proceso de Novagalicia. Después de eso, ha reiterado, el Gobierno gallego está a favor de "dar a los gallegos las respuestas que demandan y merecen".
CIUDADANOS "ARRASTRADOS AL RESCATE"
Por su parte, el autor de esta segunda pregunta sobre la investigación de la gestión en las antiguas cajas, el nacionalista Carlos Aymerich, ha asegurado que lo que es necesario es "fijar responsabilidades" y "constatar el fracaso de los cinco decretos ley" aprobados sobre el sistema financiero.
"Tras 130.000 millones de euros y otros 100.000 más que parece que nos vamos a gastar en esta aventura estamos arrastrados, por el sistema financiero que unos y otros no fueron capaces de sanear, el conjunto de la ciudadanía al rescate", ha criticado Aymerich, que ha citado las ayudas dadas a Novagalicia, que ascienden ya a 2.650 millones de euros. "Ahora se habla de otros entre 4.500 y 10.000 millones", ha agregado y ha apuntado que esta última cifra "supera el presupuesto de la Xunta para un año".
AMNISTÍA FISCAL
Por su lado, el director general de Tributos, Carlos Rodríguez Sánchez, ha defendido ante la comisión que la amnistía fiscal en España es "un mecanismo de regularización excepcional" cuyo objetivo es la "repatriación" de capitales que están en el extranjero y aflorar economía sumergida. "No debe confundirse el mecanismo con el origen de las rentas", ha dicho y ha recordado que no está derogada la ley contra el blanqueo de capitales.
Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta de la socialista María José Caride, que ha criticado que el texto que regula la amnistía admite la legalización "sin preguntar" por el origen del dinero, por lo que ha advertido de que puede favorecerse "el dinero del narcotráfico". A su juicio, la amnistía es "un escándalo" y supone "un premio a los defraudadores" mientras se pide "un sobreesfuerzo" a la ciudadanía en general.