Esta propuesta contempla un plazo de implementación de unos cinco años y puede encajar con las actuales reivindicaciones de algunos partidos políticos, que insisten en la necesidad de rebajar el recibo de la luz y abordar soluciones medioambientalmente sostenibles.
La iniciativa procede de una de las grandes eléctricas y no se encuentra consensuada con todas las compañías integradas en Unesa, si bien el sector sí coincide en que el precio de la electricidad es demasiado alto y se muestra partidario de rebajarlo a través de un traslado de los costes regulados que se cargan sobre la tarifa, que han subido un 85% desde 2006.
La propuesta concreta para abordar este descenso de costes de la tarifa mediante su traslación a otros ámbitos contempla dos líneas de actuación. La primera consiste en una reforma fiscal que aligere los cerca de 7.000 millones de euros que cada año se cargan sobre la tarifa para retribuir a las renovables y la cogeneración. Esta es la mayor partida de costes regulados, que ascienden en total a unos 19.000 millones.
La reforma fiscal incluiría nuevos impuestos sobre actividades contaminantes, especialmente sobre los carburantes de automoción, pero también sobre el carbón y el gas natural. La recaudación, proporcional al grado de contaminación de cada tecnología, iría dirigida a financiar los incentivos a las renovables.
De esta forma, se daría un vuelco al modelo energético y se pasaría de un esquema basado en premiar a las tecnologías menos contaminantes a otro en el que se castigue a las que contaminan, en línea con el lema 'make polluter pay', defendido por los sectores ecologistas.
Esta opción haría partícipe al sector del transporte mediante un aumento de los impuestos sobre los carburantes y se presenta como una solución para que las empresas dispongan de incentivos suficientes no solo para avanzar en renovables, sino también para contaminar menos y contribuir al cumplimiento de los objetivos hasta 2020.
TRASLADAR COSTES A LOS PGE.
La segunda línea de actuación consistiría en cargar progresivamente sobre los Presupuestos Generales del Estado el conjunto de los costes extrapeninsulares, que en la actualidad se reparten entre las cuentas públicas y la tarifa a razón de 900 millones cada una. También pasarían a los PGE los cerca de 2.800 millones de amortización anual del déficit de tarifa.
Con estas dos líneas de actuación, la tarifa eléctrica podría quedar liberada de cerca de 10.000 millones de costes regulados, casi la mitad de la partida regulada, lo que implicaría, de aplicarse el plan en toda su extensión, una rebaja del recibo de alrededor del 30%.
La presión sobre las cuentas públicas fruto del traslado de costes eléctricos quedaría reducida gracias al efecto positivo sobre la economía de los particulares y las empresas provocado por unas tarifas más competitivas.
El Gobierno francés, recuerdan desde el sector eléctrico, aprobó el pasado mes de diciembre un plan en esta línea, que eleva los impuestos sobre las actividades contaminantes y que traslada costes de la tarifa eléctrica a las cuentas públicas.
Según un informe del Parlamento Europeo, las emisiones de CO2 en el sector del transporte aumentaron un 20% en el periodo comprendido entre 1990 y 2013, lo que contrasta con una rebaja del 17% en las emisiones del resto de actividades.