La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad planteada por Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 21 de marzo, por entender que existe riesgo de fuga y no han prescrito los delitos que se le imputan en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha celebrado este miércoles una vista a puerta cerrada para debatir el recurso de apelación contra el auto de prisión dictado por la juez Mercedes Alaya interpuesto por el abogado de Trujillo, Antonio Aguilar, quien ha pedido la libertad de su patrocinado por considerar, al contrario que el Ministerio Público, que no existe riesgo de fuga ni tampoco de que pueda destruir u "ocultar" pruebas, así como que habrían prescrito los delitos imputados, que hay que recordar que ascienden a 22.
Por su parte, las acusaciones que ejercen PP, Junta de Andalucía y Manos Limpias se han adherido a lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción, y en el caso del PP ha argumentado que la puesta en libertad de Trujillo "puede perjudicar a la investigación al desconocerse hechos nuevos como el que ha puesto de manifiesto" el borrador del informe de la Cámara de Cuentas, en el que se expone que Guerrero "ordenó a Estudio Jurídico Villasís que entregara un pago de 30.000 euros a una empresa del imputado".
Según el letrado del Partido Popular, Luis García Navarro, el hecho de que el imputado fuera puesto en libertad por la Audiencia Provincial, en contra de lo dictaminado hace ya más de dos meses por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, "supondría que pudiera peligrar la acreditación tanto de este como de otros hechos que actualmente desconocemos, de cara a una posible imputación posterior".
Al riesgo de que el exchófer de Guerrero pudiera destruir pruebas estando en libertad se suma, según el PP, el riesgo de fuga, ya que ha sido imputado por un presunto delito de alzamiento de bienes "por la venta de bienes inmuebles adquiridos con el dinero de las subvenciones", de manera que "puede tener dinero en efectivo y fugarse de España", mientras que también "existen personas interesadas en que eluda la acción de la Justicia".
"GUERRERO ESTARÍA DISPUESTO A FINANCIAR SU FUGA"
En este punto, el abogado del PP ha citado al que fuera director general de Vitalia, Antonio Albarricín, "que le entregó dos sobres con dinero en efectivo", y al propio Francisco Javier Guerrero, "que le dio la orden de ir a por los sobres", por lo que se trata de dos personas "que estarían dispuestas a financiar su fuga".
De su lado, el letrado de Trujillo, Antonio Aguilar, ha dicho a los periodistas que, en este caso, "no se cumplen los requisitos que exige la Ley para adoptar esa medida tan excepcional, porque ni existe riesgo de fuga ni posibilidad de ocultar las pruebas, y en caso de mantenerse la situación de prisión supondría un cumplimiento anticipado de la pena". "La medida no cumple los fines previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para una prisión provisional", ha subrayado.
A su juicio, la juez Mercedes Alaya "hace un fuego graneado de delitos" en el auto de prisión, "lo que tiene difícil encaje jurídico", a lo que se suma que los delitos que se le imputan "no son los 22" que salieron publicados en los medios --y que la propia juez enumeraba en su auto--. "No eran 22 delitos, yo no los veo", ha remarcado, a pesar de que están enumerados uno a uno en el referido auto.
"LA MADRUGADA NO ES BUENA CONSEJERA"
Al hilo de ello, Antonio Aguilar ha señalado que su cliente "ha pasado ya un tiempo" en la cárcel, por lo que la decisión que adopte la Audiencia Provincial "quizás deba ser un poco más reposada y no tomada al filo de la madrugada, que no es buena consejera para adoptar algunas decisiones". Así, ha mostrado su confianza en que también "se valore la conducta" de su patrocinado, "que se autoinculpó cuando no existía procedimiento contra él".
Tras asegurar que el imputado ya no es adicto a ningún tipo de droga, el abogado se ha referido a lo manifestado por el PP en cuanto a que el borrador de informe de la Cámara de Cuentas apunta que una empresa del exchófer recibió otros 30.000 euros "de manera irregular", señalando que "lo que no está en los autos no existe".
Asimismo, Aguilar ha lamentado no tener un contacto "regular" con su cliente debido a la lejanía entre ambos, ya que el letrado ejerce en Jaén y Trujillo está interno en la cárcel de Morón de la Frontera. "Me gustaría tener más contacto personal con él", por lo que esperará a que la Audiencia resuelva su recurso antes de decidir si pide o no un cambio de cárcel.
EL IMPUTADO, PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA
Los magistrados de la Sección Séptima han preguntado al abogado de Trujillo si es cierto que ha presentado una queja en el TSJA ante el retraso en celebrar la vista sobre el recurso, pero el letrado lo ha negado y ha mostrado su "sorpresa" por este hecho, ya que "no he planteado ninguna queja o escrito, me acabo de enterar ahora".
El imputado ha comparecido en la vista por videoconferencia desde la cárcel de Morón de la Frontera donde permanece interno desde el pasado mes de marzo, aunque no ha querido realizar declaración alguna.