Así lo ha dado a conocer a los medios de comunicación el presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, que ha explicado que tanto la decisión de Velasco de imponer la fianza a Aranalde por un delito de tenencia de explosivos, como la de su compañero Baltasar Garzón -instructor de la causa- de reformarla y ordenar su ingreso en prisión, "son resoluciones jurisdiccionales motivadas que responden a criterios legales de los jueces".
Por tanto, la Sala de Gobierno "se da por enterada" del asunto y, "sin perjuicio ni invasión" de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha decidido que no ha lugar a incoar diligencias informativas para que sean remitidas al órgano de gobierno de los jueces.
Juanes ha detallado los pasos seguidos por el juez Velasco, que también retiró el pasaporte a la etarra y fijó comparecencias semanales, y ha recordado que la Fiscalía recurrió en un mismo auto tanto la fianza como las medidas cautelares impuestas a Aranalde, y solicitó que se le impusieran comparecencias diarias y vigilancia policial permanente. "No ha habido ninguna anomalía en el funcionamiento del Juzgado en cuanto a la tramitación del recurso", ha subrayado Juanes.
Maite Aranalde, tras ser extraditada por Francia la semana pasada, fue puesta en libertad bajo fianza por el juez Velasco -que sustituía al juez Baltasar Garzón mientras éste estaba de vacaciones-, en una decisión revocada hace dos días por el propio Garzón cuando la etarra ya se encontraba en paradero desconocido.
La etarra fue extraditada sólo para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al "comando Donosti" y no por su presunta participación en la colocación de varias bombas en gasolineras de Madrid en plena operación salida del 'puente' de la Constitución en 2004, debido a un error burocrático francés.
Reacciones
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido la actuación de Velasco porque "tomó la decisión que creía que era la que procedía en Derecho". El titular de Interior no ha especificado si la presunta etarra era vigilada tras su puesta en libertad pero ha confiado en que la Policía "siempre hace su trabajo" en el marco de la ley y detendrá a Aranalde.
El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha pedido "responsabilidades" por la fuga de la etarra y ha opinado que "a alguien le debe caer un paquete gordo porque si no esto volverá a pasar". Los sindicatos de policía durante la jornada del miércoles, arremetieron contra la decisión judicial que calificaron de error "tremendo y garrafal". CGS / EB