Las palas excavadoras han derribado, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, los cinco inmuebles sobre los que el Ayuntamiento tenía desde enero licencia de derribo para llevar a cabo su plan, que contempla también la prolongación hasta el mar de la avenida de Blasco Ibáñez.
Desde la temprana llegada de palas excavadoras y dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local a la zona comprendida entre las calles de San Pedro, Luis Despuig y Vidal de Canelles, la movilización vecinal ha ido en aumento hasta desembocar en los momentos más tensos de la jornada, con el desalojo forzoso de políticos y vecinos que pretendían impedir un actuación, según la diputada de Compromís Mònica Oltra, de "terrorismo de ladrillo".
Los policías han desalojado, en algunos casos a rastras y en volandas, a diputados autonómicos como Mònica Oltra (Compromís) y Marga Sanz y Lluís Torró (EU), a concejales como Vicente González Móstoles (PSPV) y a vecinos de todas las edades que se habían atrincherado en la casa del número 15 de Vidal de Canelles.
Sanz ha presentado una denuncia contra la Policía Local por las lesiones sufridas durante el desalojo, de las que ha tenido que ser atendida en el Hospital Clínico.
Las cinco casas derribadas, de planta baja o de dos alturas como máximo, se encontraban fuera de la zona declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), según el Ayuntamiento, aunque para la oposición estaban protegidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, ha visitado la zona afectada por los derribos y se ha enfrentado verbalmente al portavoz de la plataforma Salvem el Cabanyal, Faustino Villora, con quien ha protagonizado un cruce de acusaciones ante la creciente crispación vecinal.
"Mentiroso", "corrupto" y "ladrón" son algunos de los calificativos que los vecinos han lanzado a Grau mientras éste le decía a Villora que "se dejaran de tonterías" después de que el representante de Salvem el Cabanyal le explicara que se abrazaban a la casa "para que no la destruyeran".
La Abogacía del Estado y Salvem el Cabanyal han presentado durante la mañana sendas solicitudes ante los juzgados para la paralización cautelarísima de los derribos; los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 4 y 9 las ha denegado en lo referente a su urgencia, no así en una posible medida cautelar a adoptar en los próximos diez días.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, cuyo departamento ordenó en enero la paralización de este Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), ha señalado que esas medidas cautelares deben tomarse "cuanto antes" para "impedir que avancen las demoliciones de bienes culturales" que son "patrimonio histórico".
Por su parte, el Ayuntamiento y la Generalitat han exigido por requerimiento notarial al Ministerio que se les remita "una copia del informe del técnico del Ministerio que avaló la prolongación" de la citada avenida hasta el mar a través del Cabanyal.
Según insiste el Consistorio, ese informe "se excluyó" del expediente con el que la ministra de Cultura "concluyó que el plan del Cabanyal suponía un expolio patrimonial".
La ley que autoriza todas las actuaciones del Plan del Cabanyal y establece que esa ejecución no podrá verse menoscabada por acuerdos de otras Administraciones ha sido publicada hoy en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tras su aprobación el pasado 24 de febrero en el pleno de Les Corts con los votos a favor del PP y en contra del PSPV-PSOE, Compromís y EU.
Este texto deroga expresamente el decreto-ley que el Consell aprobó en enero, tras la declaración de expolio acordada por el Ministerio a las actuaciones previstas en el Cabanyal y que el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional.