"Le voy a decir que me voy a quedar callado porque usted sabe que no puedo hablar de temas que están en el ámbito judicial, y mucho menos en el ámbito de mi competencia. Por tanto, espero que comprendan todos ustedes que no pueda hablar de ese tema, aunque evidentemente habría mucho que hablar y supongo que se hablará de ello, pero de momento toca callar".
Esa era la declaración del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a la prensa tras autorizar en un auto la apertura de 19 fosas en toda España en las que estima se encuentran restos de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), entre ellas la del poeta Federico García Lorca. La Fiscalía ha anunciado que lo recurrirá.
Asociaciones de familiares y representantes políticos han aplaudido la admisión a trámite de las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, decisión que ha dividido a las asociaciones de magistrados.
Reacciones políticas
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado la disposición del Gobierno a colaborar con el juez en todo lo que solicite dentro de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El portavoz de Justicia del Partido Popular en el Senado, Agustín Conde, ha asegurado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de declararse competente para juzgar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil demuestra que "últimamente está con el norte un tanto perdido" y lamentó que haya decidido "reabrir heridas felizmente cerradas".
"Que los familiares quieran localizar los restos es absolutamente lógico pero que de eso tenga que ocuparse el juez Garzón no tiene sentido, él no es la persona que tiene la autoridad, él esta para enjuicicar delitos de terrorismo y otras causas que corresponden a la Audiencia Nacional y no para hacer
una revisión de la historia de España y ordenar toda clase de actuaciones", ha dicho.
El Portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ha afirmado que no entienden cuál es la finalidad penal de la decisión de Garzón y "a dónde nos puede conducir".
Mientras que para Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, sí hay base legal para acometer la investigación, aunque no entienden la "necesidad" de incoarla ahora ya que la finalidad de un proceso penal no es sólo averiguar los hechos, sino llevar a los culpables ante la Justicia y, en este caso, están fallecidos.
"Enorme emoción"
Nieves Galindo, la nieta del maestro de escuela Dióscoro Galindo, supuestamente enterrado junto a Federico García Lorca y otros dos asesinados, ha mostrado su "enorme emoción" y ha asegurado que "por fin se verá recompensada una lucha que viene de diez años atrás".
Desde las asociaciones de familiares, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha señalado que "es un triunfo a la memoria de las víctimas y de los familiares".
Algo con lo que ha coincidido el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, quien ha asegurado que la decisión de Garzón representa "un gran empujón para hacer justicia a los padecimientos de las familias que vivieron cuarenta años gobernados por sus asesinos".
Por su parte, el experto en justicia universal de Amnistía Internacional, Hugo Relva, ha expresado su apoyo a la decisión de Garzón porque "es un principio de humanidad" y ha asegurado que "tiene que ser un primer paso en la dirección correcta". LA