Así lo ha acordado la Comisión Permanente del CGPJ "al existir anotación vigente de antecedentes penales como consecuencia de la condena firme aludida", han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
La petición del juez de Marbella (Málaga) ya fue analizada por el Consejo el pasado 12 de mayo y acordó requerir al magistrado, entre otros documentos, un certificado negativo de antecedentes penales.
En el certificado de penales consta la anotación de la condena de 21 meses de suspensión de empleo o cargo público y la cancelación de los antecedentes delictivos desaparecerán tras el transcurso de tres años sin delinquir, es decir el 26 de marzo de 2012.
De Urquía, que sigue perteneciendo a la carrera judicial pues no se ha llevado a cabo su separación de la misma, había solicitado el reingreso a fin de participar en el primer concurso de destinos que se produzca.
Tal denegación se fundamenta en que De Urquía no reúne los requisitos establecidos en el artículo 219 del Reglamento de la Carrera Judicial.
Según las mismas fuentes, el Consejo no volverá a estudiar la petición del juez hasta que éste no tenga cancelados sus antecedentes penales.
Contra este acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo de un mes.
El pasado mes de abril el CGPJ acordó, tras la sentencia dictada por el Supremo, que este juez perdiera el destino que ocupaba en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella.
El Supremo absolvió a De Urquía de un delito de prevaricación por el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le había condenado a una multa de 36.000 euros y confirmó que es autor de un delito de cohecho.
Por su parte, el ex asesor urbanístico del consistorio marbellí Juan Antonio Roca -al que el Tribunal Superior condenó a un año de cárcel y 73.800 euros de multa- sólo deberá pagar 36.900 euros de multa.
En su sentencia, el Supremo justifica la reducción de la pena en el hecho de que, aunque ha quedado probado que De Urquía pidió dinero a Roca -73.800 euros- para pagar la entrada de una vivienda a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales, al haberse anulado la condena por prevaricación -es decir, haberse estimado que no hubo tal trato de favor- la pena debe ser menor.