En una de las querellas, acusaban al magistrado de prevaricar al emprender una investigación por los desaparecidos durante la Guerra Civil española. En la segunda querella le imputaban los delitos de prevaricación y cohecho por obtener financiación del Banco de Santander para unos cursos universitarios en Nueva York.
Imputan al juez esos delitos porque meses después, Garzón archivó una causa contra los responsables de esa entidad financiera. Decisión, no obstante, que fue después avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La Comisión Permanente de CGPJ ha pedido informes a la Fiscalía sobre la conveniencia o no de suspender de empleo al juez Garzón mientras se tramitan estas dos causas. El CGPJ no espera a que los jueces que instruyen en el Supremo esas dos causas dicten la apertura de juicio oral contra Garzón. Y ni mucho menos que esa hipotética apertura de juicio oral sea ratificada por la Sala de lo Penal del Supremo.
Las cosas no pintan bien para el magistrado. De los 20 vocales que hay en el Poder Judicial, Garzón sólo contaría con el apoyo de dos de ellos; el presidente, Carlos Dívar, y de Juan Manuel Gómez Benítez, conocido amigo suyo.