Colom nombra a abogada Claudia Paz como nueva fiscal general de Guatemala

AGENCIA EFE 10/12/2010 01:42

Paz, de 54 años, fue seleccionada dentro de una lista de seis candidatos que una comisión de juristas y académicos entregó el pasado 4 de diciembre al mandatario.

Luego de designarla para el alto cargo, el presidente le tomó el juramento durante un acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura.

Paz es la primera mujer que es nombrada como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala.

El puesto era ocupado de forma interina por María Mejía, desde junio pasado cuando fue destituido por la Corte de Constitucionalidad (CC) Conrado Reyes, luego de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lo vinculara con el crimen organizado.

Reyes apenas estuvo un mes en el cargo.

Paz cuenta con 18 años de experiencia en derecho penal y como activista de derechos humanos.

La nueva fiscal de Guatemala, con un doctorado en derecho penal en España y Chile, ha trabajado en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y como juez de paz.

Entre 1992 y 1994 trabajó como asesora en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y como perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A lo largo de su carrera profesional ha luchado en favor de los derechos humanos en Guatemala, donde también ha sido consultora para la Misión de las Naciones Unidas.

Antes de ser nombrada por Colom, Paz había dicho que de resultar elegida mantendrá una colaboración estrecha con la Cicig, que es la responsable de investigar y desmantelar a los grupos clandestinos de seguridad que operan en este país centroamericano.

Al frente del MP, Paz tendrá que darle continuidad a casos que han sido investigados por la Cicig y que todavía no están concluidos, como un juicio por corrupción al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), preso desde enero pasado, a petición de EE.UU., que lo reclama en extradición por el delito de lavado de dinero.

El nombramiento de Paz ha sido saludado hoy por activistas de derechos humanos y el movimiento pro justicia, que la consideran como una profesional "intachable".