A propuesta del presidente de la comisión, los grupos parlamentarios tienen hasta el miércoles 11 de febrero a las 12.00 horas para presentar sus peticiones de datos, informes y documentos al Gobierno regional y hasta cinco días después de recibir "toda" la documentación que soliciten no terminará el plazo para registrar sus solicitudes de comparecencia.
El PSOE e IU han registrado ya sus respectivas listas de comparecientes, pero el PP no lo ha hecho ni ha dicho cuándo lo hará, lo que significa que el inicio de las comparecencias dependerá del tiempo que tarde el Gobierno regional en enviar la información que le pidan y del uso que haga el PP de los plazos.
La comisión funcionará con carácter prorrogable hasta el 28 de febrero, todos los lunes y miércoles, en sesiones de mañana y tarde, y los viernes por la mañana, si bien ha quedado excluida por el momento la última semana de febrero por ser inhábil en la actividad parlamentaria.
Todas estas cuestiones formales han supuesto una discusión tras otra entre el PP y la oposición en la sesión constitutiva de la comisión, que está formada por cinco representantes del PP, tres del PSOE y uno de IU, y en la ha sido elegida la parlamentaria del PSOE Encarnación Moya como vicepresidenta y la 'popular' Gádor Ongil como secretaria.
Tanto la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, como la de IU, Inés Sabanés, han considerado "materialmente imposible" desarrollar la investigación si no se prorroga su plazo de funcionamiento, al igual que el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, que ha acudido a la Asamblea a presenciar la sesión, con el consiguiente enfado de los 'populares'.
Maru Menéndez ha advertido de que "si no se flexibilizan los tiempos, estaríamos ante una comisión tapadera", a lo que el portavoz del PP, David Pérez, ha replicado que su grupo no tiene ningún problema en prorrogar la comisión y que su "voluntad es que no haya problemas de tiempos".
Según las normas acordadas, "en cualquier momento" los grupos podrán ampliar sus listas de comparecientes, incluso pedir más de una vez la comparecencia de una misma persona.
Por el momento, el PSOE e IU han solicitado 56 comparecencias, de las que diecinueve son nombres coincidentes, entre ellos el de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
El grupo socialista, que ha presentado una lista con 33 nombres, no ha querido avanzar el orden por el que irá llamándolos, a diferencia de IU, que ha anunciado que las primeras comparecencias que pedirá serán las de la presidenta Esperanza Aguirre, el consejero Francisco Granados y el que fuera director de Seguridad de la Consejería de Justicia Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
Entre los nombres que figuran en las dos listas destacan también los del vicepresidente Ignacio González, el vicealcalde Manuel Cobo, el ex consejero Prada, el consejero Francisco Granados, su viceconsejero Alejandro Halffter, el director del Área de Seguridad de la Consejería, Sergio Gamón; el asesor de Seguridad Marcos Peña y el director general de Seguridad e Interior, Enrique Barón.
También han coincidido los dos grupos en pedir la comparecencia de Luis Vicente Moro (ex delegado del Gobierno en Ceuta), Álvaro Lapuerta (ex tesorero del PP), Luis Bárcenas (tesorero del PP), Miguel Castaño (ex subdirector general de Seguridad), Enrique Sánchez González (accionista de Segurisa), Ildefonso de Miguel (gerente del Canal de Isabel II) y Carmen Rodríguez Flores (diputada del PP).
El PSOE ha incluido además al delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo; e IU, al presidente del PP, Mariano Rajoy, al que tiene previsto llamar "al finalizar" la comisión.