El Constitucional avala así el artículo que establece la prórroga automática del mandato del presidente y del vicepresidente del Tribunal hasta que se produzca la siguiente renovación parcial del mismo. De esta forma puede continuar en el cargo su presidenta María Emilia Casas.
El pleno también ha rechazado el recurso del PP contra el precepto que establece la participación de los parlamentos de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de los cuatro magistrados del Constitucional designados por el Senado.
A las deliberaciones, se ha llegado con un pleno disminuido, formado por sólo ocho de los doce magistrados del tribunal. Dos de los afectados por la reforma de la LOTC -Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez- se abstuvieran y otros dos -los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata- fueran recusados.
Estos últimos se dirigieron al pleno el pasado mes de junio -cuando el PP ni siquiera había presentado su recurso- mediante un escrito en el que manifestaban su "más profunda discrepancia" con la reforma de la LOTC y pedían expresamente la dimisión de la presidenta.
Guerra entre partidos
El 19 de octubre, el Gobierno les recusó -era la primera vez en democracia que un Ejecutivo pedía apartar a dos magistrados de un asunto- por considerarles "contaminados" para resolver el recurso al estimar que el escrito que habían firmado "anticipaba un juicio sobre la constitucionalidad" de la reforma de la LOTC.
El PP contraatacó seis días después recusando a su vez a tres magistrados progresistas -Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps-.La apuesta del PP, que pretendía evitar la mayoría progresista, era arriesgada. Si se aceptaban sus recusaciones y las planteadas por el Gobierno el Constitucional quedaría bloqueado, ya que la ley exige un mínimo de ocho magistrados para adoptar decisiones.
El Alto Tribunal, sin embargo, rechazó de plano las recusaciones del PP y el pasado 12 de marzo, acordó aceptar las de García-Calvo y Rodríguez-Zapata. Estas maniobras revelan la importancia que tanto el PP como el Gobierno daban al asunto.
Estaba en cuestión quién iba a ser el presidente del Constitucional en los próximos meses, en los que el tribunal debe pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña o los matrimonios homosexuales.