Fabra reitera su inocencia ante el juez y el fiscal mantiene sus acusaciones

En esta comparecencia, practicada ente el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón), Fabra, que también es el presidente provincial del PP, "no ha podido justificar el origen de sus movimientos bancarios" relacionados con esta causa, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Su declaración se ha prolongado durante una hora y cuarto, tiempo en el que ha contestado a las preguntas de su abogado, del juez y del fiscal, y en el que se ha negado a responder a la Abogacía del Estado y a la acusación particular.

Según estas fuentes, el presidente de la Diputación de Castellón ha contestado de forma "ambigua" a muchas de las cuestiones planteadas por el propio instructor y ha rechazado ofrecer información más precisa.

Fabra ha atribuido a movimientos entre distintas cuentas los 3,6 millones de euros supuestamente no justificados, pero ha respondido con "ambigüedades" cuando el juez le ha preguntado por operaciones concretas.

Las preguntas se han centrado "en cómo tenía tantos préstamos y tantos ingresos no declarados", mientras que los asuntos relacionados con la acusación de cohecho y tráfico de influencias por una supuesta agilización de licencias de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax han quedado "aparcados".

Al concluir la declaración, el fiscal anticorrupción Luis Pastor, quien pide una pena de 15 años de prisión, ha contado que no ha encontrado "elementos" para "cambiar nada" en su escrito de acusación, y ha subrayado que Fabra se ha limitado a ejercer "su derecho a la defensa".

Sobre el procedimiento judicial, ha dicho que quedan pendientes de resolver tres recursos en la Audiencia Provincial en los que la defensa alega la prescripción de los delitos fiscales entre el año 2000 y 2003, el sobreseimiento de los delitos de cohecho y tráfico de influencias y la invalidez de la transformación del caso en un procedimiento por jurado.

Pastor ha admitido que "con el tiempo que ha pasado" desde que comenzó la causa, no se atreve a pronosticar "ningún plazo" hasta la celebración del juicio oral, ya que además depende de lo que tarde la Audiencia en resolver los recursos porque hasta que ese organismo no se pronuncie "no puede seguir el procedimiento adelante".

Fabra ha salido de los juzgados sobre las 13.00 horas acompañado por su hija y diputada nacional, Andrea Fabra, y ha sido aclamado por simpatizantes del PP al grito de "presidente, presidente", mientras que un grupo de personas convocado por Esquerra Unida ha reclamado "prisión" para el dirigente popular.

Antes de prestar declaración ha leído una declaración pública, sin posibilidad de preguntas por parte de los periodistas, para explicar que ha comparecido "a petición propia" porque no tiene "nada que ocultar" y ha justificado que no ha presentado su dimisión porque es "inocente".

Su intervención ha concluido lamentado "no poder hacer más declaraciones" por recomendación de su defensa y "por respeto al proceso judicial".

La de hoy ha sido la primera aparición pública de Fabra desde que en marzo de este año delegó su cargo en el vicepresidente Francisco Martínez para ser intervenido de un trasplante de hígado.

Según el escrito de acusación del fiscal, Fabra medió ante cargos del Gobierno de Jose María Aznar para agilizar la concesión de licencias de productos sanitarios de la empresa Naranjax, administrada por el empresario Vicente Vilar y su ex esposa -ambos imputados en el caso- y solicitó después el pago de 25 millones de pesetas por la gestión.

Anticorrupción sostiene además que entre 1999 y 2004, Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, tuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta que declararon.

Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del presidente de la Diputación de Castellón, y más de 580.000 por parte de su esposa.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre 2003 por Vilar, y a raíz de la misma Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.