En la ampliación, a la que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide también la imputación del director jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Enric Lambies, y del arquitecto Carles Díaz, al tiempo que añade los delitos de prevaricación y falsedad documental contra Fèlix Millet y Jordi Montull, inicialmente acusados de tráfico de influencias y apropiación indebida.
En su escrito, que ya ha sido admitido a trámite, el fiscal considera que hay indicios para acusar de prevaricación y falsedad documental a García-Bragado y Massaguer, a quienes la juez ya citó de oficio a declarar como imputados por considerar que había indicios de que ocultaron la "operación especulativa" del proyecto del lujoso hotel, que no se llegó a construir.
El fiscal mantiene en su escrito que García-Bragado y Massaguer "se comprometieron" con Millet y Montull a realizar la operación urbanística haciendo aparecer siempre en toda la tramitación oficial que la propiedad de las fincas donde se iba a construir el hotel era de la Fundació Palau de la Música y ocultando que el proyecto se había cedido a un particular.
De esa forma, añade el ministerio público, los imputados se aseguraban el éxito y la aprobación de las modificaciones urbanísticas necesarias para construir el hotel, "dado que presentarían siempre en aquéllas el pretendido interés público de la operación de cambio de calificaciones (...)".
La querella se dirige contra la cúpula de Urbanismo del consistorio barcelonés, pero en ella el fiscal alude a que en la tramitación urbanística para construir el hotel los imputados consiguieron que la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu, no exigiera en ningún momento a la Fundación que comunicara a quién había cedido el proyecto para asegurarse así la indemnización correspondiente a la Generalitat por la operación.
Para la Fiscalía, según lo acordado por los querellados, el arquitecto Carles Díaz, a quien el Palau encargó los trámites urbanísticos para la construcción del Hotel, presentó en marzo de 2007 una documentación ante el Ayuntamiento para promover la modificación puntual del Plan General Metropolitano que ocultaba que el proyecto se había cedido a la sociedad Olivia Hoteles.
Además, en el expediente no se incorporó el convenio que firmaron la Fundación y el Departamento de Economía en marzo de 2006, del que se deducía que antes del inicio de los trámites la Generalitat debía dar el visto bueno a aquella cesión, de forma que el acuerdo y su clausulado, añade la querella, "quedaba de esa forma oculto y sin publicidad alguna por acuerdo de todos sus querellados".
El ministerio público añade que, gracias a la posición en la sociedad catalana que les otorgaba su cargo en el Palau de la Música, Millet y Montull consiguieron que Massaguer incluyera la aprobación inicial de la modificación urbanística en el orden del día de la Comisión de Urbanismo de mayo de 2008.
Massaguer, sostiene el fiscal, presentó el proyecto ante esa Comisión como si la Fundación fuera la titular de esas fincas, "ocultando intencionadamente" a sus miembros la cesión de su titularidad a un tercero, pese a tratarse de una cuestión relevante dado que la propuesta de modificación urbanística preveía el derribo de edificios protegidos.