La exgerente del distrito de Latina Elena F. ha confirmado este martes en el juicio que se celebra contra la exresponsable del PP de la Junta Municipal de Latina Nieves Sáez de Adana que ésta la presionó para firmar una adjudicación de una obra en 2005 a favor de una conocida, que a su vez era cuñada del entonces jefe del departamento técnico de esta Junta municipal.
Así lo ha relatado la testigo en su declaración ante el jurado popular, a quien ha matizado que finalmente la decisión de firmar fue de ella tras examinar el expediente. El tribunal de Jurado enjuicia desde ayer los hechos por un delito de tráfico de influencias en relación a la adjudicación del contrato para rehabilitar el colegio Joaquín Dicenta.
La acusada se enfrenta a una pena de siete meses de prisión y multa de 10.418,65 euros, así como a la inhabilitación para empleo o cargo público. El caso llegó a los tribunales mediante una querella presentada por los socialistas Noelia Martínez y Óscar Iglesias.
La fiscal acusa a la procesada de tráfico de influencias por licitar unas obras de un colegio público a una arquitecta que guardaba una relación de parestesco con un funcionario, así por fraccionare l contrato de consultoría en dos como contratos menores para eludir los protocolos legales de adjudicación.
En su comparecencia, la exgerente ha relatado que en un princpio se negó afirmar la adjudicación por la relación de parestesco que existía entre la arquitecta Betairz B. y el entonces jefe del departamento técnico Borja Ballarín.
Ante su negativa, la acusada le dio una orden "tajante y contunde" para que firmara el expediente. "Salí indignada de la reunión y la secretaria llorando porque se sentía humillada. Me pareció inaceptable el gesto y esa actitud", ha contado.
Tras la reunión, decidió analizar los expedientes en los que había participado la arquitecta. Según ha cortado, observó que Borja no había firmado el primero, dado que se abstuve, pero sí los siguientes. "Vi que la iniciativa de contratar a esta arquitecta era de la concejala y no de Borja. Y vi que lo que se vulneraba era su derecho a la abstención", ha indicado la exfuncionario, quien finalmente tomó la decisión de firmar la adjudicación.
En su comparecencia, la acusada explicó ayer en primer lugar que una de las competencias del Ayuntamiento de Madrid es la conservación de los colegios de Educación Primaria. Por ello, las Juntas de distrito hacen un censo cada año de los centros escolares que requieren de una determinada reforma.
Así, relató que el colegio Joaquín Dicenta a rehabilitar tenía "una situación deplorable", por lo que se solicitó el importe de las obras. Tras ello, la Concejalía de Hacienda les dio el 50 por ciento del presupuesto que necesitaban, tramitándose de urgencia el expediente.
En este punto, señaló que el jefe del Departamento técnico le trasladó su preocupación ante la baja cuantía del presupuesto, preguntándola si conocía a algún arquitecto. La acusada le comentó entonces que ya había trabajado con Beatriz Barrachina en la Junta de Villaverde y que su trabajo era plenamente "satisfactorio".
"Me dijo que había un problema y que era su cuñada. Yo no soy letrada y le dije que hablara con los servicios jurídicos. Si legalmente era posible dije que me gustaría. Eran contratos menores y podíamos elegir al profesional que considerásemos oportunos", apuntó.