Así lo ha afirmado Ramos de Armas durante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado a una pregunta del senador socialista Miguel Fidalgo, quien ha querido saber si el borrador que el Ejecutivo está preparando para modificar la Ley de Costas de 1988 va a afectar a la hora de tomar una decisión sobre la posible prórroga.
En este sentido, el secretario de Estado ha explicado que el texto de la nueva norma indica, sobre las concesiones para usos industriales, que no se concederán "prórrogas automáticas", sino que se exigirán los "correspondientes informes ambientales".
En cualquier caso, ha dejado claro que la concesión a las factorías termina en 2018 y que antes de ese momento no se planteará la posible autorización para prorrogar ese contrato. Además, también ha subrayado que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aún tiene que resolver, por orden del Supremo, un recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra sobre el proyecto de supramunicipalidad de Ence aprobado por la Xunta.
El Supremo ha dejado "anulada y sin efecto" la decisión del TSXG, del 20 de enero de 2010, de desestimar el contencioso-administrativo interpuesto desde Pontevedra contra el acuerdo de la Xunta del 26 de diciembre de 2003 que aprobaba el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal para el asentamiento industrial de Lourizán, promovido por Ence.
"El Gobierno ejecutará las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera", ha asegurado el secretario de Estado, quien ha remarcado que una vez que esté solucionado este contencioso y haya vencido la concesión del complejo industrial se tomará una decisión.
Por otro lado, el senador Fidalgo ha preguntado a Ramos de Armas sobre los informes a que se ha sometido la modificación del Plan de Gestión de Recursos de la Xunta de Galicia, sobre lo cual se ha limitado a responder que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "no dispone de ninguna información" porque la ley no prevé "ningún procedimiento de comunicación al Estado" por parte de las comunidades sobre los planes autonómicos.
En cuanto a las competencias sobre la gestión de residuos, el secretario de Estado ha subrayado que es la comunidad autónoma la competente a la hora de diseñar su política al respecto, si bien ha manifestado que para una mayor coordinación entre administraciones se elaboró el Plan Nacional de Recursos.