La orden ha partido del director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que considera que el secretario general de AUGC, Alberto Moya, y el presidente de UO, Francisco García, han vertido "graves acusaciones contra diversas Instituciones y Autoridades del Estado" que podrían constituir una infracción del Régimen Disciplinario del Cuerpo.
Fuentes del instituto armado han explicado a Efe que ahora se designará un instructor que tendrá que decidir si las manifestaciones de Moya y de García son sancionables y, en ese caso, si constituyen una falta grave o muy grave, después de lo que propondrá el archivo del expediente o la imposición de la correspondiente sanción.
El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil contempla como falta muy grave, castigada con hasta la separación del servicio, "la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional o al Rey y a las demás instituciones por ella reconocidas".
Además, es falta grave -que como máximo puede ser sancionada con la suspensión de empleo de uno a tres meses- "la comisión de actos que atenten a la dignidad de las instituciones o poderes del Estado".
Las manifestaciones que han motivado la incoación de los expedientes han sido hechas por Moya y por García en una rueda de prensa convocada esta mañana para expresar su postura ante la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir la manifestación que habían convocado para el próximo día 18 para pedir la equiparación de su jornada laboral a la de la Policía Nacional.
"La Delegación del Gobierno, teledirigida desde el Ministerio del Interior, trata a la Guardia Civil como a terroristas de ETA. Han rastreado nuestras páginas web", ha denunciado Moya, mientras que García ha acusado al Ejecutivo de meter a los miembros del instituto armado "en el mismo saco" que a los colaboradores de la banda.
Tras conocer que Interior ha ordenado que se incoe un expediente disciplinario a su secretario general, el responsable de prensa de AUGC, Manuel del Álamo, ha dicho a Efe que esta decisión "abre la caja de los truenos" y supone un "agravio" y una "represión brutal" contra los representantes de los guardias civiles.
Del Álamo ha suscrito lo dicho por Moya y por García, ya que a su juicio "es verdad" que el Gobierno trata mejor a los terroristas que a los guardias civiles.
"No hay más que mirar las hemerotecas y se puede comprobar que las manifestaciones de Batasuna siempre la prohíbe un juez, mientras que las nuestras las prohíbe directamente la Delegación del Gobierno", ha denunciado.
Esta mañana, los responsables de AUGC y UO han dicho que si el recurso judicial que han presentado contra la prohibición de la marcha no prospera, asistirían a título particular y como ciudadanos de a pie a la movilización convocada para el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) bajo el lema "Todos con la Guardia Civil".
Sin embargo, poco después el presidente de la AEA, Mario Arnaldo, ha informado a Efe de que la Delegación del Gobierno también ha prohibido ese acto, esta vez alegando que la convocatoria se había presentado "fuera de plazo".