Este es el primer paso que da el tribunal después de abrir diligencias preliminares a principios de febrero para investigar la posible malversación de fondos públicos. A través de un auto dictado el pasado 26 de marzo, el Tribunal de Cuentas ordena trasladar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento "con el fin de que por ésta se proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor" para llevar a cabo la investigación.
Por lo tanto, el tribunal investigará el acuerdo adoptado el 26 de diciembre de 2003 por el Consejo de Ministros, por el que aprobó el gasto de 2,3 millones de euros para suscribir contrato con la empresa de abogados norteamericana "Piper Rudnick".
Oficialmente, el contrato se justificó en la necesidad de "asistir al Gobierno de España en la promoción de relaciones más próximas con los Estados Unidos". Para los demandantes, los abogados José Luis Mazón, Encarnación Martínez y la asociación Preeminencia del Derecho, parte de este dinero se destino en realidad a promocionar la concesión a Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.
"La desviación de fondos públicos para usos particulares, como es la obtención de la citada medalla para Aznar, debe considerarse como una malversación de caudales ya que su aplicación se destinó a usos propios", señala la denuncia, presentada el pasado 15 de diciembre. Tanto la Fiscalía como el Abogado del Estado se opusieron en sendos informes a abrir una investigación por las gestiones de Aznar, según informaron fuentes jurídicas.
La investigación del Tribunal de Cuentas debe determinar si parte del gasto suscrito por el Gobierno de España con la empresa de abogados norteamericana "se desvió para gestionar la obtención de una Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos para el señor Aznar" y averiguar en qué se aplicó la diferencia entre los 2,3 millones de euros aprobados y los 2 millones de dólares contratados. CGS