El estudio pide, una vez detectadas las necesidades, implementar en dos meses un plan de dotación de recursos 'como muestra clara de la voluntad de lucha decidida y eficiente en contra de la corrupción', según el texto.
El informe debe hacerse 'en colaboración' con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y los nuevos recursos deben ir acompañados de la correspondiente valoración económica y dotación presupuestaria.
La moción reclama incentivos para los responsables de los servicios de ejecución, servicio común general y registro civil de todos los partidos judiciales, y que la puesta en marcha de la nueva oficia judicial no implique rebajar salarios ni complementos.
También urge al Govern a las gestiones necesarias para reforzar la jurisdicción social de Catalunya y los juzgados de violencia de género que no tengan los medios necesarios.
Además, la Generalitat deberá presentar en un máximo de seis meses un plan para ampliar y descentralizar las Oficinas de Atención a las Víctimas, y poner en marcha nuevas unidades de valoración forense integral que prevé la Ley de medidas integrales contra la violencia de género.