En el auto, se apunta que esta decisión se ha tomado para evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que puso sobre la mesa el informe de la Agencia Tributaria sobre las presuntas irregularidades cometidas entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana, y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid conozca de proceso alguno contra aforados que no sean de la Comunidad Autónoma madrileña.
En el auto, el juez solicita la acumulación al TSJCV por causa de conexidad de los delitos investigados contra la Administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana. En concreto, el juez alude a un informe de la unidad de auxilio judicial de 13 de abril de 2010 en el que se pone de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia.
"La participación de Ricardo Costa Climent en estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los regalos percibidos por el mismo , y que son objeto del procedimiento tramitado ante el TSJM de Valencia", recoge el auto. Pedreira hace referencia a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad valenciana.
Según el auto, el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia". Así, "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados y los cargos de Rafael Betoret, Víctor Camps, Ricardo Costa y Francisco Camps.
Esta decisión se produce después de que hace unas semanas el Tribunal Supremo acordara reabrir la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la Comunidad Valenciana una vez que el magistrado instructor sobreseyera la causa al entender que no había delito. Una de las últimas actuaciones en este sentido fue la declaración el pasado 18 de mayo de Alvaro Pérez El Bigotes, quien negó los hechos de corrupción que se le imputan relacionados con unos trajes que supuestamente pagó al presidente valenciano. CGS