"Estoy respetando las condiciones de asilo, pues no quiero crear problemas a Perú ni a su Gobierno", aseguró este viernes a Efe Rosales, quien añadió que ello no le impide recibir a amigos y aliados.
El gobernador de Zulia, Pablo Pérez; el procurador Asdrúbal Quintero y el presidente del Consejo Legislativo, Eliseo Fermín, llegaron ayer junto a un grupo de unas diez personas, entre quienes estaba la esposa de Rosales, Evelyn Trejo.
"Está dentro de mis derechos tener amigos, afectos y relaciones (...) hemos compartido ideas y luchas durante mucho tiempo", recordó el líder opositor asilado, que aseguró que todas las semanas recibe a visitantes de Venezuela.
Pese a que respeta la prohibición del Gobierno peruano de no usar su país como plataforma política, Rosales afirmó: "Mis ideas no puedo venderlas ni secuestrarlas a cambio de nada".
Pablo Pérez dijo por su parte que su visita hay que entenderla como la visita "a un amigo y un ciudadano asilado en Perú, por razones humanitarias y de índole personal".
"Van a querer tergiversar la visita por otras razones", pronosticó en referencia a su país, pero insistió en que piensa venir a Lima a ver a Rosales tantas veces como crea necesario.
El gobernador de Zulia reconoció que Rosales, "como fundador (del partido opositor Un Nuevo Tiempo) no es ajeno a las actividades que venimos realizando" y además "sigue siendo el líder de la oposición".
"Conversamos sobre su situación (de asilado) y la forma en que podemos ayudarle, siempre respetando su condición de asilo y sin traer inconvenientes a las relaciones internacionales de Venezuela con Perú", aclaro Pérez, en referencia a las conversaciones que mantienen en un hotel limeño.
Tras ingresar como turista a mediados de abril y permanecer unos días en la clandestinidad, Rosales realizó la petición formal de asilo al Gobierno peruano, la cual le fue concedida el 27 de abril pasado por "motivos humanitarios", según el canciller de Perú, José Antonio García Belaúnde.
La decisión peruana de concederle finalmente asilo fue respondida por el Gobierno venezolano con la retirada del embajador de este país en Perú.
El alcalde de Maracaibo afronta en su país un juicio por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado de Zulia, entre 2000 y 2004, un juicio que Rosales considera "político".