La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado un auto en el que confirma la decisión del magistrado José Ceres de procesar al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, a las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y al exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret, entre otros, por presunta prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market S.L. del pabellón autonómico en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.
En la resolución, facilitada por el TSJCV, la sala rechaza los 14 recursos de apelación presentados contra el auto de transformación de procedimiento --equivalente al procesamiento-- dictado por el magistrado instructor del 'caso Gürtel' en relación con la pieza tres, que es la dedicada a la investigación de contrataciones referidas a Fitur. El siguiente paso, para el que no existe plazo, es dictar el auto de apertura de juicio oral o de sobreseimiento si así se considerara, según ha informado el TSJCV.
Las otras cinco piezas de la causa son la relativa al presunto delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas del año 2007; la del supuesto delito de falsedad del año 2008 que puede estar relacionado con las elecciones generales del mismo ejercicio; las contrataciones para la visita del Papa; contrataciones de distintas consejerías con empresas de la trama y, por último, supuestos delitos fiscales de los considerados presuntos cabecillas.
La sala desestima los recursos presentados por los imputados Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (exadministardora de empresas de la trama); Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades); ; el exjefe de Gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y los exresponsables autonómicos Angélica Such y Vicente Rambla.
MARTÍNEZ SE ADHIRIÓ
Milagrosa Martínez se adhirió a los recursos de apelación formulados por otros imputados y no se hace referencia expresa a ella en la resolución. En el caso de Rambla, Martínez, Betoret, Such, Vidal y Grau, el instructor consideraba que existían suficientes indicios para procesarles por tráfico de influencias y prevaricación. A Such y Martínez les atribuía también cohecho pasivo; a Betoret, Vidal, Guarro y Grau malversación de caudales públicos y a Grau y Vidal falsedad en documento oficial.
A Bover, le atribuye prevaricación mientras que a Pérez, Crespo, Correa, Herrero, Jordán y Magariños cree que son partícipes de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial. Además, de estos, a los tres les atribuye cohecho activo.
En el auto, del que ha sido ponente el magistrado Antonio Ferrer, se indica que el Tribunal Supremo establece que es suficiente para fundamentar la apertura del juicio oral "que existan indicios racionalidad de criminalidad sobre la participación de una persona en hechos presuntamente delictivos".
Así, se añade que esta decisión de iniciar el procedimiento abreviado supone la conclusión de la instrucción al haberse practicado todas las diligencias "de investigación indispensables" para "deslindar los hechos objeto de denuncia y que las partes puedan sobre su base sostener sus posiciones" en la siguiente fase y en concreto excluir un eventual archivo de las actuaciones.
"INDICIOS O SOSPECHAS"
No obstante, la resolución apunta que en esta fase no se habla de "prueba plena" ni de la "certeza absoluta que exige una sentencia condenatoria" sino de "meros indicios o sospechas" de la comisión de un determinado delito. De esta forma, recalca que no debe "en modo alguno" aspirar a agotar "plenamente" la prueba sino que "deberá concluir desde el mismo momento que se han recogido los elementos precisos para valorar la existencia o no de esos indicios" y permitir a las partes abordar la próxima fase con "pleno conocimiento".
Del mismo modo, señala que el carácter de esta resolución supone que el juez "no necesariamente deba efectuar una compleja fundamentación" de su resolución y subraya que esta exigencia de motivación "quedará satisfecha con que, de una manera sucinta, se expongan las razones" que le llevan a exigir este marco procesal.
La sala rechaza todos los recursos al considerar que existen dudas razonables o sospechas fundadas de la participación de los imputados en los hechos investigados por lo que le corresponde arbitrar el mecanismo procesal adecuado para que se pueda valorar si tienen entidad suficiente para constituir auténticas pruebas de cargo o excluir responsabilidad penal.
INDICIOS DE FORMA "PORMENORIZADA"
En el caso de Angélica Such, apunta que el instructor recoge de forma "detallada y pormenorizada" todos los indicios que considera que existen contra ella. En este caso, no niega que su participación directa sea "muy difícil" de acreditar por prueba directa por lo que deberá recurrise para ello a prueba indiciaria, admitida tanto por el TS como por el TC. Entre esta prueba cita declaraciones de trabajadores de la Consejería también imputados; reuniones con Álvaro Pérez; conversaciones telefónicas, anotaciones en su agenda, un correo electrónico y una reunión interna celebrada en la Agencia Valenciana de Turismo en 2008 en la que se acordó convocar a Orange Market para una reunión para el stand del año siguiente.
A estos indicios, suma "el tema de los regalos", algo que serviría de refuerzo a las imputaciones y fundaría la del cohecho, para lo que recoge una conversación entre Álvaro Pérez y Cándido Herrero, en la que se habló de "comprarle un reloj a la consejera".
En relación con Vicente Rambla, el exvicepresidente sostenía que no existía un "suficiente título de imputación" y que las conversaciones con Álvaro Pérez habían sido "malinterpretadas".
La sala insiste en este caso en que no pueden realizar una valoración contradictoria de los indicios de los que ha dispuesto el instructor --como que fuera el coordinador de la campaña electoral del PPCV en las autonómicas de 2007; posible intervención para brindar facilidades a Orange Market para Fitur por su relación personal; informes de Policía judicial; referencias que hacen de él imputados y conversaciones telefónicas--, indicios expuestos de forma "detallada y plenamente razonada".
La sala añade que la resolución subraya que ningún testigo empleado público ni imputado han relacionado a Rambla con los hechos y no ha intervenido directamente en los expedientes de contratación, lo que hace que los indicios puedan ser "de menor entidad", aunque la mera existencia de la duda impone que no se pueda desestimar el recurso.
En este caso, tanto la Fiscalía de Valencia como la acusación particular --PSPV-- han formulado sus escritos de acusación. El ministerio público pide para Martínez 11 años de prisión y 34 de inhabilitación; para Such otros nueve años de inhabilitación y reclama el sobreseimiento para Rambla. Por parte de los socialistas, se pide once años de prisión para Martínez, cuatro para Such y uno para el exvicepresidente.