Así, el TC ha concluido que este impuesto no tiene una base imponible idéntica a las del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) ni al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), argumento expuesto por el Gobierno en su recurso.
El Parlament aprobó en noviembre del 2000 un impuesto para gravar a las grandes superficies comerciales en favor del comercio urbano, una carga de 17,42 euros por metro cuadrado para los comercios de una superficie igual o superior a 2.500 metros cuadrados, por cada metro adicional de superficie de ventas.