Así ha respondido la ministra al senador del PNV Iñaki Anasagasti, quien durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta le ha preguntado por las gestiones que tiene previsto hacer el Ejecutivo para que puedan ser liberados los presos políticos de este país, y ha puesto como ejemplo el caso de la jueza María de Lourdes Afiuni.
Jiménez, en su intervención, ha insistido en que la defensa de los derechos humanos es una de las prioridades del Gobierno, aunque ha recordado que ni AI ni HRW han catalogado a ningún recluso venezolano como preso político, y es el criterio de estas organizaciones el que se tiene en cuenta para calificarlos como tal.
Hay presos, ha dicho, recluidos por causas penales, acusados de haber participado en el golpe de Estado de 2002 o de posible corrupción, pero quienes les consideran presos políticos son "algunos partidos políticos de la oposición venezolana".
Trinidad Jiménez, además, ha destacado que el caso de la jueza Afiuni se resolvió aplicando la legislación vigente en Venezuela en aquel momento.
Iñaki Anasagasti ha replicado alegando que el Gobierno de Venezuela no permite que entren en este país observadores -como recientemente ha impedido la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, y que el propio presidente, Hugo Chávez, "desprestigia" los informes de Human Rights Watch.
Según ha calculado el senador, en este momento existen alrededor de 60 presos políticos en Venezuela, "casi como en Cuba", por lo que ha reclamado al Gobierno español que defienda sus derechos no con "grandes discursos", sino con una "diplomacia callada, pero importante".
El senador ha puesto como ejemplo la situación de la jueza Afiumi, quien ingresó en prisión en diciembre de 2009 tras conceder la libertad condicional de manera supuestamente irregular al empresario y banquero venezolano Eligio Cedeño, que se encontraba en detención preventiva desde 2007 acusado de estafa.
Un caso "absolutamente infame", según el senador, que denota la "gran indefensión" que existe en Venezuela, con un sistema judicial "sometido a las reglas del Ejecutivo".
Y, en este sentido, ha pedido al Gobierno que igual que en el caso de Cuba mantiene una "especial sensibilidad", en el caso de Venezuela "no se agarren a la letra muerta de la ley".