El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha pedido al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que "no pode" la figura de la acción popular y ha recordado que esta acusación ha rendido "grandes servicios a este país" en muchas causas "gravísimas".
Durante una rueda de prensa en la sede de la Abogacía para presentar el V Informe de la Justicia Gratuita, Carnicer se ha referido a la limitación de la acción popular que contempla el borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone el Gobierno. En este sentido, ha subrayado que "merece la pena" que "no poden" este "derecho insustituible en una democracia moderna".
"ABUSOS" DE LA ACCIÓN POPULAR
En esta línea, el presidente de los abogados ha enfatizado que la Constitución establece que "los ciudadanos participarán en la Justicia a través del jurado y la acción popular". "Habrá que perseguir los abusos y definir que son los abusos pero quiero recordar que la acción popular ha rendido grandes servicios a este país", ha añadido.
En cuanto a la propuesta de que el Fiscal asuma la instrucción penal, el presidente del CGAE se ha mostrado "absolutamente" partidario de esta política, que ya se sigue en la mayoría de los países de nuestro entorno, aunque ha advertido de que la investigación debe hacerse "en plano de igualdad con la defensa".
"La instrucción es una actividad que no sólo hace el fiscal, también el abogado", ha enfatizado Carnicer, para añadir que el representante del Ministerio Público busca las pruebas de imputación mientras que el letrado busca las exculpatorias. A su juicio, el juez debe ser el "garante del orden constitucional" hasta llegar a la fase de resolución.