Según informa el ICAM en su página web, la queja está siendo tramitada por este organismo ante la Dirección General de la Policía, en este caso, el Ministerio del Interior.
La demanda está relacionada con el amparo colegial otorgado por el ICAM al abogado Erlanz Ibarrondo, en el que se defienden los derechos de "los abogados evitando que se haga mención en los atestados policiales a toda referencia o calificación de los abogados en razón de sus clientes o en virtud de su ideología o intervención en determinadas causas a lo largo de su trayectoria profesional".
Según el ICAM, se trata de proteger los derechos de los abogados para salvaguardar su intimidad separando el ámbito profesional del personal. Por ello, a través del Defensor del Pueblo, se está tramitando dicha petición a los órganos competentes en la materia.