La acusación popular tiene previsto, además, pedir la imposición de medidas cautelares para la esposa del exsenador, Rosalía Iglesias, que será preguntada si, en contra de lo que su marido había declarado hasta la fecha, conocía las cuentas bancarias que Bárcenas tenía en Suiza e incluso disponía de poderes en dos de las que gestionaba en el Dresdner Bank de Ginebra. Además, la comisión rogatoria revelaba que una de las tres cuentas que nutrían el depósito principal de Bárcenas en el Lombard Odier estaba nombre de Iglesias.
Bárcenas tendrá que explicar si es titular de activos depositados en cuentas de Estados Unidos, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay) a las que habría transferido fondos y "socio" de empresas que aparecen como destinatarias de las transferencias, como señala un informe de la Agencia Tributaria remitido esta semana al juez Ruz.
Además, será preguntado por la declaración por videoconferencia desde Argentina de la falsa marchante Isabel Mackinlay, quien aseguró haber participado en la venta ficticia de cuatro cuadros con los que el matrimonio presuntamente blanqueó 558.196,97 euros y por los que debería haber pagado a Hacienda 222.112,58.
En un auto dictado el pasado 10 de junio, el instructor explicaba que los supuestos contratos de mediación, fechados en Madrid en noviembre de 2004 y en enero de 2006, "no reflejarían operaciones reales" sino que se habrían elaborado para "inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de la causa respecto al delito fiscal" que se imputaba a Iglesias.
Así se deduce, según el magistrado instructor, del hecho de que las fechas en las que se elaboraron los contratos fueran "presuntamente alteradas", según la declaración de Isabel Mackinlay (antes llamada Ardanaz), y se estampara una firma que ella "niega rotundamente haber realizado".
La testigo admitió que recibió un total de 1.500 dólares por figurar como intermediaria en la venta de los cuadros, en una operación que llevó a cabo el presunto testaferro de Bárcenas en Argentina, Patricio Edgardo Bel, que trabajaba en la empresa La Moraleja del extesorero 'popular' Ángel Sanchís, también imputado en el 'caso Gürtel'. De igual modo, reconoció que no es marchante sino pintora y restauradora de iglesias y hojas de paño de oro.