Las manifestaciones de Aguilar se han desconoce el destino de los más de 500 millones de euros recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el extitular de la cartera.
En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví al respecto, Justicia asegura tampoco corresponde a la Agencia Tributaria "la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa".
A este respecto, Aguilar considera "una vergüenza que sea Montoro el ministro que realmente está destinando a lo que quiere o le conviene el dinero que se ha recaudado injustamente y con el esfuerzo" de los miles de ciudadanos que han tenido que "sufrir el tasazo judicial" del gobierno.
La diputada socialista ha insistido en que lo que tiene que hacer el ministro de Justicia es derogar "de inmediato" las tasas judiciales y porque "queda ya meridianamente claro que el interés por cobrar las tasas era de Montoro y no del ministro de Justicia".
Además, ha recordado que el Grupo Socialista ya ha presentado recursos de inconstitucionalidad y varias iniciativas parlamentarias exigiendo la supresión de las tasas, anuncia que exigirá explicaciones tanto al ministro de Justicia como al ministro de Hacienda.
Aguilar subraya que las tasas judiciales han traído "menos justicia y más desigualdad" y que ha concitado el rechazo unánime de toda la sociedad y de los operadores jurídicos porque "están sufriendo un ataque sin precedentes al derecho a la justicia y a la tutela judicial efectiva".
"No existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa", especificaba Justicia en su respuesta la pregunta del diputado del grupo Mixto.
En otra respuesta anterior, enviada el pasado mes de noviembre al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, el Gobierno cifró en más de 512 millones de euros la recaudación por este gravamen, aprobado a finales de 2012 y que está a punto de ser reformado por el Ministerio dirigido por Rafael Catalá.