El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, está citado a las 9.30 horas de este martes para declarar como investigado por el caso Inipro, de presuntas irregularidades en la contratación por parte del Ayuntamiento de esta empresa para potenciar el asociacionismo entre inmigrantes.
El juez ve necesario que Ballesteros justifique por qué "no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de irregularidad".
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, decidió citarlo como investigado por haber dado autorización pese las advertencias y "sin que hubiera corregido de alguna manera la situación irregular ni adoptado medida alguna".
Sospecha que este servicio contratado no era necesario, que hubo un "direccionamiento" de la adjudicación a esta empresa, que se excluyó a cualquier otro competidor y que podría haber una contrapartida que desde la administración se pudo haber obtenido a cambio de obtener el contrato a Inipro.
En una rueda de prensa el 15 de enero, tras conocerse su citación judicial, Ballesteros defendió que firmó estos contratos, presuntamente irregulares, porque no podía hacer otra cosa: "Si yo no firmaba y no se pagan esas facturas, se estaba incurriendo en un enriquecimiento injusto de la administración".
El caso se remonta a más de dos años al denunciar la CUP irregularidades del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) en una adjudicación a Inipro, cuando el Ayuntamiento aprobó en 2010 el concurso para un contrato de servicios sobre 'potenciar el asociacionismo entre la población recién llegada', pese a existir una Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía (Utic) en el Instituto .
La concejal de la CUP Laia Estrada --cuya denuncia desató el caso-- señaló, después de que el juez citase a Ballesteros, que a su formación le cuesta entender cómo el alcalde firmó pese a tener "las mismas dudas que el juez expresa" en su auto.
Ballesteros será el primer investigado en declarar por el caso, mientras que los otros 10 están citados en diferentes fechas entre el 1 de febrero y el 1 de marzo, igual que otras seis personas como testigos; los hechos pueden comportar delitos de prevaricación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas públicas.
LAS CIFRAS
La investigación constató que fue aumentando la cantidad que el Ayuntamiento pagaba a Inipro: más de 61.000 euros en 2010, más de 93.000 en 2011 y más de 104.000 en el 2012, año en que no coincidía la cantidad declarada por el IMSS (más de 121.000 euros) y la declarada por Inipro (más de 104.000).
Además, la relación de ambas partes duró estos tres años aunque el ente público no podía prolongar este contrato, según figuraba en el propio contrato, que fijaba su propio final el 31 de diciembre de 2010 de manera improrrogable.
Pese a ello, continuó 21 meses más sin soporte contractual, lo que fue posible porque Ballesteros firmaba "a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad" que se le hicieron, según el juez.