Amaiur pregunta en el Congreso cuántos electores dejaron Euskadi por el ETA y cuántos por el GAL o por presión policial

EUROPA PRESS 17/09/2012 19:33

La batería de preguntas, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentada por el diputado Jon Iñarritu, de Aralar, quien cuestiona que la reforma electoral para recuperar a esos 'exiliados' vascos se plantee sólo para aquellos que abandonaron su tierra por presión de ETA y su entorno.

El diputado de la coalición abertzale pide saber, por un lado, cuántas personas calcula el Gobierno que abandonaron Euskadi y Navarra por presiones de ETA y en qué fuentes se basa, pero también quiere conocer cuántos hicieron lo propio por amenazas de grupos antiterroristas como el GAL o el Batallón Vasco Español, por la represión de la dictadura franquista e incluso por su pertenencia a ETA.

¿Y DEL GRAPO?

"¿Le consta al Gobierno la existencia, durante estas décadas, de algún desplazado interno en alguna otra comunidad debido a la presión terrorista o criminal de organizaciones como el GRAPO, Terra Lliure, Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe, etcetera?", añade.

Del mismo modo, reclama datos sobre cuántas personas se han desplazado estos años al País Vasco para luchar contra ETA, tanto agentes de la Policía y de la Guardia Civil como miembros del Poder Judicial, y quiere saber si podrán acogerse a la reforma para votar en Euskadi y Navarra o si lo harán en sus residencias de origen.

Además, Iñarritu alega los "parámetros internacionales" sobre deslazados internos para preguntar si el Gobierno tiene intención de pedir la mediación de Naciones Unidas para que analice la situación del colectivo de los 'exiliados' por terrorismo.

¿A CUÁNTOS ETARRAS PIENSA TRAER INTERIOR?

Entre sus preguntas, Amaiur aprovecha para recordar el Plan del Ministerio de Interior conocido en agosto para atraer a etarras sin causas pendientes que están refugiados en el extranjero. "A cuántas personas incluye este plan?", interroga.

Por último, el diputado de la coalición independentista pide garantías para que las formaciones políticas puedan impugnar en su momento la inclusión en el censo de los electores del llamado 'exilio' vasco.