En sus 11 enmiendas parciales, Amaiur aboga por corregir las "excesivas" restricciones del proyecto del Gobierno, que a su juicio hace "ineficaz" el acceso a la información, y pide incluir en la ley a la Casa Real y todos sus miembros, así como a toda entidad privada que reciba dinero público.
Del mismo modo, Amaiur sugiere la necesidad de establecer sanciones por incumplimiento de las normas de transparencia por parte de políticos y funcionarios públicos; que sea el Congreso el que elija al presidente de la Agencia Estatal de la Transparencia por un periodo de cinco años y por mayoría de dos tercios, y que la Ley garantice el respeto a los derechos históricos de los territorios forales.
EL DERECHO A LA INFORMACION QUE SEA FUNDAMENTAL
En la misma línea que Amaiur, Geroa-Bai también aboga en una de sus trece enmiendas por que el alcance de la ley se extienda también a la Casa Real, los sindicatos, los partidos y las instituciones religiosas.
Además, plantea que el derecho a la información sea un derecho fundamental, exige publicitarlas lasas actividades privadas retribuidas de los miembros de los gobiernos, órganos superiores y directivos, así como del patrimonio con el que cuentan todos los organismos públicos del Estado, y demanda que la Agencia Estatal de Transparencia no dependa del Ministerio de Hacienda.