La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Entre los detenidos además de Francisco Granados, exnúmero dos de Esperanza Aguirre, están el alcalde de Parla, José María Fraile, el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza y su concejal de Hacienda, Javier Hernández, y el sustituto de Isabel Carrasco, al frente de la Diputación de León Marcos Martínez. Igualmente han sido arrestados los alcaldes de Collado Villalba, Agustín Juárez; de Casarrubuelos, David Rodriguez Sanz; de Serranillaos del Valle, Antonio Sánchez Fernández; y de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro. Todos pertenecen al PP, salvo el de Serranillos del Valle, que pertenece a Unión Demócrata madrileña, y el de Parla que es del PSOE.
Varias comisiones judiciales apoyada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando los distintos ayuntamientos salpidcados por la trama que tenía como objetivo el lucro personal de los arrestados y no la financiación ilegal de sus respectivas formaciones, según fuentes de la investigación.
Otra comisión está registrando el Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por el popular Daniel Ortiz. Los agentes estarían revisando contratación de Alcaldía, como han informado fuentes municipales.
El secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, también ha sido detenido.
El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
Los detenidos, ingresados en la Comandancia de Tres Cantos y Las Rozas
La Guardia Civil ha trasladado al ex secretario general del PP de Madrid y ex alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, a los calabozos del cuartel del Instituto Armado de Las Rozas, uno de los más grandes de la Comunidad de Madrid, han informado fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes han informado de que el político va permanecer allí hasta que pase a disposición del juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Está acusado de integrar una trama corrupta a nivel regional y municipal que firmaba adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales.
Los arrestos han tenido lugar en Madrid, Valencia, Murcia y León. Todos los detenidos van a ser trasladados a Madrid y van a ser repartidos entre la Comandancia del Instituto Armado de Madrid con sede en Tres Cantos y el cuartel de Las Rozas. Se trata de las dos instalaciones del Instituto Armado en la Comunidad de Madrid con mayor capacidad en sus calabozos.
Estas mismas fuentes han explicado que a medida que vayan siendo detenidos o finalicen los registros en los que tienen que estar presentes, serán llevados a ambos lugares. Granados ha permanecido toda la mañana presenciando el registro en su domicilio.
Fuentes jurídicas han añadido que los agentes de la UCO ya han comenzado a llevar cajas con documentación incautada en los registros al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco.
La 'operación Púnica'
La organización desmantelada con la 'operación Púnica' se dedicaba a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal y regional para la consecución de contratos públicos en la gestión de servicios. Las pesquisas contra la trama, que giraban en torno a dos conseguidores --los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca--, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según fuentes jurídicas. De esta forma y según las primeras estimaciones, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.
La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Anticorrupción Carmen García, se inició después de la advertencia de las autoridades suizas, que trasladaron su intención de interrogar a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales y pedían a la Fiscalía española que extremara la vigilancia para evitar el desvío de los capitales investigados.
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 Embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.